La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio un primer paso para aprobar un nuevo impuesto federal a las remesas enviadas desde el país.
Esta medida, que ha comenzado a generar inquietud entre comunidades migrantes —especialmente la cubana—, podría encarecer el envío de dinero a la Isla, afectando a miles de familias que dependen de estos fondos para sobrevivir ante la crisis económica en Cuba.
El proyecto, conocido como Remittance Transfer Tax Act, fue aprobado recientemente en una votación preliminar en la Cámara Baja del Congreso de EE.UU. De acuerdo con el texto legislativo, se propone un impuesto del 5% sobre el monto enviado en remesas internacionales, específicamente a países que no cooperan plenamente con Estados Unidos en materia migratoria.
Cuba se encuentra en la lista de países señalados como no cooperativos en temas migratorios, lo que coloca a las remesas dirigidas a la Isla como directamente impactadas por esta propuesta.
Aunque la medida aún debe pasar por el Senado y ser firmada por el presidente para entrar en vigor, su avance ha sido interpretado como una señal política clara.
El impulso a esta legislación responde a una lógica de “responsabilidad compartida”: algunos congresistas argumentan que los países que se niegan a recibir a sus ciudadanos deportados desde EE.UU. deberían cargar con parte del costo que representa la presencia de estos inmigrantes.
Además, se presenta como un mecanismo de presión diplomática hacia gobiernos como el cubano, nicaragüense o venezolano.
La comunidad cubana en Estados Unidos, especialmente en Florida, ha reaccionado con preocupación. Con un impuesto del 5%, una remesa de $300 implicaría un cargo adicional de $15, que se sumaría a las comisiones ya existentes en plataformas como Western Union, Viamericas o Sendvalu.
En muchos casos, las remesas representan el único ingreso estable para familias en Cuba, por lo que cualquier encarecimiento puede tener consecuencias directas en su calidad de vida.
Expertos han señalado que, aunque el Congreso tiene potestad para legislar sobre impuestos, el proyecto podría enfrentarse a retos legales y diplomáticos, especialmente si se considera discriminatorio o si afecta tratados internacionales. También podría generar fricciones con gobiernos de América Latina y el Caribe.
Aunque ya fue aprobado en la Cámara Baja, el proyecto deberá pasar por el Senado de EE.UU., donde su destino es incierto. Algunos senadores han mostrado resistencia a imponer cargas adicionales sobre migrantes, especialmente en un contexto electoral donde el voto latino puede ser decisivo.
Voces dentro del exilio cubano han calificado la medida como “cruel” y “contraproducente”. Argumentan que afectará más a las familias dentro de Cuba que al régimen, y podría fortalecer los canales informales de envío de dinero —menos transparentes y más riesgosos—.
No. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes, pero aún debe ser votado en el Senado y firmado por el presidente.
El proyecto plantea un impuesto del 5% sobre el monto total enviado en remesas a países como Cuba.
A los migrantes que envían dinero a países clasificados como no cooperantes con EE.UU., entre ellos Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Sí. Aplicaría a todas las empresas autorizadas para transferencias internacionales desde EE.UU., aunque aún falta definir cómo se implementaría técnicamente.
Legalmente, el impuesto aplicaría solo a envíos a través de canales oficiales. Sin embargo, podría incentivar el uso de métodos alternativos, aunque estos conllevan más riesgos y menor trazabilidad.
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