Se desarrollan en Cuba las sesiones parlamentarias de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en las cuales se han puesto sobre la mes algunos de los principales problemas que enfrentar el gobierno cubano en la actualidad, que, según afirman los máximos dirigentes de la isla, entorpecen el correcto desarrollo de las medidas que ellos desean implementar para conseguir cierta estabilidad socioeconómica.
En las reuniones se ha discutido sobre la falta de divisas, los altos precios y la evasión de impuestos, así como los problemas de los sectores de la agricultura y el transporte.
De igual manera, se anunciaron nuevas medidas para las formas económicas estatales y privadas, entre ellas, algunas vinculadas a la importación y comercialización de vehículos de motor y automóviles.
La nueva política para la transmisión de vehículos de motor, remolques y semirremolques, se encuentra en “revisión para su implementación”, según afirmó Manuel Marrero Cruz, primer ministro cubano.
Entre las novedades de esta política, se encuentra la autorización a la empresa Servicios Automotores S.A (SASA) para la importación y comercialización de carrocerías de vehículos de motor y cuadros de motos en divisas, para reposición.
De igual forma, se le permite a funcionarios de las sedes diplomáticas extranjeras en Cuba, representantes de empresas cubanas en el exterior y trabajadores de las misiones colaborativas a importar vehículos.
Uno de los requisitos que se exige para lograr la importación de un auto, es que este posea compatibilidad técnica con las exigencias del país, según Marrero Cruz, la importación “tiene que ser en función de los intereses del país”.
Además, para el sector privado se limitará el número y los tipos de vehículos a importar para representantes de negocios privados o formas de gestión no estatal.
Por otra parte, se autoriza la importación de motos de combustible y triciclos.
También con las nuevas medidas viene la comercialización de vehículos de motor y carrocerías de uso disponibles en moneda nacional.
Por último, se prevé que se autorice la transmisión de propiedades de vehículos entre personas naturales y jurídicas, siempre sometiéndose al régimen de impuestos que corresponda. Está última medida no contempla a las sedes diplomáticas extranjeras.
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