Miles de migrantes en Estados Unidos, entre ellos venezolanos, salvadoreños y potencialmente cubanos, respiran con alivio tras la decisión de la Corte Suprema de suspender temporalmente las deportaciones bajo la antigua Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
El freno, aunque momentáneo, representa un giro inesperado en una batalla legal impulsada por el estado de Texas que ha generado controversia nacional.
La Ley de Enemigos Extranjeros, firmada en 1798, fue pensada en un contexto de posibles conflictos bélicos con potencias extranjeras. Permitía al gobierno federal deportar ciudadanos de países enemigos sin juicio previo durante tiempos de guerra.
En pleno 2025, Texas revivió esta ley para justificar deportaciones de migrantes indocumentados provenientes de países con los que EE.UU. tiene tensiones diplomáticas, como Venezuela o El Salvador.
La medida fue vista por muchos como una estrategia para saltarse la autoridad migratoria federal.
El juez Samuel Alito, del ala conservadora de la Corte Suprema, emitió una orden de suspensión temporal de las deportaciones bajo esta ley.
La decisión responde a un recurso legal presentado por organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que consideran inconstitucional la aplicación de una ley tan antigua en el contexto actual.
Aunque el fallo no es definitivo, impide que, por ahora, el estado de Texas lleve a cabo deportaciones amparadas en esa norma.
Aunque los casos más visibles involucran a venezolanos y salvadoreños, la comunidad cubana en EE.UU. y México sigue con preocupación este proceso legal.
La posibilidad de que se aplique a otras nacionalidades genera inquietud, sobre todo entre los solicitantes de asilo y aquellos en proceso de regularización migratoria.
Organizaciones proinmigrantes han calificado la medida de Texas como “peligrosa y discriminatoria”, advirtiendo que podría sentar un precedente legal negativo si se permite su aplicación.
La suspensión estará vigente mientras la Corte evalúa la apelación. Esto podría tomar semanas o meses. Mientras tanto:
Los migrantes no podrán ser deportados bajo esta ley específica. El gobierno federal mantiene el control exclusivo sobre políticas migratorias. El caso podría redefinir los límites del poder estatal vs. poder federal en temas migratorios.
Es una suspensión temporal que impide a Texas deportar personas usando una ley antigua. No implica protección definitiva, pero da tiempo para que la Corte evalúe el caso.
Por ahora, no directamente. Pero si se autoriza la aplicación generalizada de la ley, los cubanos podrían verse incluidos en futuras acciones.
No en este caso. La ley federal establece que la autoridad migratoria reside en el gobierno federal, no en los estados.
La ACLU presentó la apelación que llevó a la suspensión. Sostiene que la ley es inconstitucional y representa una amenaza para los derechos humanos.
No hay fecha exacta, pero el proceso podría tardar semanas o incluso meses, dependiendo de cómo avance en la Corte Suprema.
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