Una universidad estadounidense no contratará más personas procedentes de varios países, incluidos cubanos.
Se trata de la Universidad Internacional de Florida (FIU), institución pública que ha detenido la contratación de chinos, venezolanos, rusos, sirios, iraníes, coreanos y nacionales de la isla.
Presumiblemente esta indicación tiene su origen en SB 846, proyecto aprobado unánimemente en la Cámara de Representantes y el Senado de Florida antes de ser decretado por Ron DeSantis.
Con él se limita la entrada al nivel superior educativo a naciones extranjeras hostiles a los Estados Unidos.
Traducido en un lenguaje más sencillo: las universidades no podrán contratar personas con estas nacionalidades de origen en la educación superior, a menos que se les autorice.
El fallo podría provocar una reacción en cadena porque no se trata solo de congelar los contratos, sino de generar vacantes en programas de ciencias a los que acceden principalmente estudiantes de posgrado chinos.
También, y es fundamental, habría vacantes en el Instituto de Investigación Cubano de FIU, centro que labora estrechamente con la oposición al gobierno de Díaz Canel y donde quienes aplican realizan investigaciones.
Según fuentes protegidas la información fue enviada a decanos, jefes de departamento, directores de programas de posgrado y enlaces de recursos humanos de la casa de altos estudios.
En un correo electrónico se indicó que, debido a las leyes y regulaciones estatales, de forma inmediata, deben cancelar cualquier oferta de trabajo o esfuerzo de reclutamiento que involucre a personas de los países de interés.
La nueva ley no autoriza a directivos y departamentos mencionados a otorgar excepciones, solo la Junta de Gobernadores del estado y la Junta de Síndicos de FIU podrían hacerlo.
Vale aclarar que, en ambos casos, el gobernador Ron DeSantis designó sus miembros y todavía no se sabe cuándo ambas comisiones finalizarán un nuevo proceso que podría durar meses y no deja garantías a los vetados.
Por lo pronto no se incorporarán investigadores no remunerados y se informará oportunamente a los estudiantes recién admitidos.
En torno a la ley se mueve la política, una ley considerada como antinmigrante por muchos observadores y ahora en especifico por la comunidad científica de esta y otras universidades.
La ley, plantean, influiría en el liderazgo, reputación y desarrollo de la universidad, con un impacto negativo en los programas de posgrado y la investigación.
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