El expresidente de EE. UU., Donald Trump, ha generado una nueva ola de controversia al prometer que, de regresar al poder, invocaría una ley de 1798 para deportar migrantes, especialmente aquellos vinculados a pandillas criminales.
La Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) fue aprobada durante la presidencia de John Adams, y se diseñó como una herramienta de emergencia en tiempos de guerra, permitiendo la deportación de extranjeros de países enemigos.
Trump ha mencionado esta ley en el marco de su nueva iniciativa denominada Operación Aurora, cuyo objetivo principal es deportar a miembros de pandillas, como la venezolana Tren de Aragua. Esta promesa ha sido recibida con críticas de parte de expertos legales y defensores de derechos humanos, quienes argumentan que invocar una ley tan antigua y destinada para tiempos de guerra podría ser inaplicable en el contexto migratorio actual.
La Alien Enemies Act autoriza al presidente a deportar o detener a cualquier extranjero de 14 años o más si es considerado una amenaza durante un conflicto armado. Sin embargo, desde su promulgación en 1798, la ley solo ha sido invocada en tiempos de guerra, como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial cuando el gobierno de Franklin D. Roosevelt la utilizó para detener a ciudadanos japoneses, alemanes e italianos en Estados Unidos.
Aplicarla en tiempos de paz, y para combatir la inmigración irregular, sería un uso sin precedentes.
Trump ha sido enfático en su propuesta de realizar la mayor operación de deportación en la historia de EE. UU., y promete que sus esfuerzos se enfocarán en pandillas internacionales, alegando que la inmigración ilegal está relacionada con el aumento de la criminalidad en algunas ciudades. Sin embargo, varios informes y expertos indican que no existe una correlación directa entre el aumento de la migración y la criminalidad.
La posibilidad de que Trump implemente su propuesta ha sido cuestionada por analistas. Aunque legalmente la ley sigue vigente, su uso en un contexto migratorio actual podría enfrentar numerosos desafíos constitucionales, además de la resistencia de tribunales federales y organismos internacionales.
El uso de esta ley plantea preocupaciones sobre los derechos civiles y las posibles violaciones a los tratados internacionales que prohíben deportaciones masivas arbitrarias.
Trump sigue utilizando la inmigración como uno de los pilares de su campaña política, apelando a un electorado que se siente amenazado por los cambios demográficos. La retórica de Trump busca vincular la inmigración con el crimen organizado, una estrategia que ha utilizado desde su campaña inicial en 2015. Sin embargo, hasta ahora no ha quedado claro cómo planea ejecutar esta propuesta sin desencadenar una serie de complicaciones legales.
La Operación Aurora, enmarcada dentro de este plan, tiene como objetivo deportar a miembros de pandillas como el Tren de Aragua, que Trump considera una amenaza directa para la seguridad nacional. Este grupo criminal ha ganado notoriedad en Venezuela y otras partes de América Latina, y Trump afirma que se ha infiltrado en comunidades de migrantes en EE. UU.
En un reciente evento en Colorado, Trump reafirmó su intención de enviar “escuadrones de élite” para arrestar y deportar a cualquier migrante que esté involucrado en actividades delictivas. Además, ha prometido imponer la pena de muerte para los inmigrantes que asesinen a ciudadanos estadounidenses.
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