Por segundo año consecutivo, la tradicional procesión del Domingo de Ramos no se realizó en La Habana, tras una decisión comunicada por las autoridades locales a representantes de la Iglesia católica.
La medida, que afecta directamente las celebraciones públicas de la Semana Santa, ha generado preocupación entre fieles y líderes religiosos, quienes ven limitada su posibilidad de manifestar su fe en espacios públicos.
Aunque no se emitió un comunicado oficial por parte de las instituciones gubernamentales, representantes de la parroquia Jesús del Monte, en el barrio de Los Pinos, confirmaron que la negativa fue transmitida de forma verbal y sin justificación clara.
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Sacerdotes y laicos han expresado su inquietud ante lo que consideran una restricción a la libertad religiosa. “Nos entristece no poder compartir públicamente una celebración tan importante para los cristianos. Rezaremos por la paz y la comprensión”, expresó un sacerdote vinculado a la parroquia afectada.
A pesar de la suspensión, las misas y celebraciones litúrgicas dentro de los templos se han mantenido sin alteraciones. Sin embargo, la imposibilidad de realizar actos públicos de fe continúa siendo motivo de malestar entre creyentes.
Varios fieles lamentaron la cancelación a través de redes sociales y medios independientes. Algunos destacaron que estas celebraciones tienen un valor espiritual y cultural que va más allá de lo religioso, siendo parte de la tradición cubana en muchas comunidades.
La Constitución de Cuba, reformada en 2019, reconoce la libertad de religión y culto. No obstante, la práctica en espacios públicos continúa sujeta a autorizaciones específicas.
Expertos legales y religiosos señalan que este tipo de restricciones puede interpretarse como una limitación indirecta a ese derecho constitucional.
En años anteriores, se han autorizado procesiones en diferentes puntos del país. Por eso, la decisión de suspender específicamente la del barrio de Los Pinos ha generado preguntas sobre los criterios utilizados y su aplicación uniforme.
Organizaciones religiosas internacionales y observadores de derechos humanos han comenzado a mostrar interés por lo ocurrido. En informes previos, se ha mencionado que la libertad de culto en Cuba, si bien reconocida formalmente, enfrenta desafíos cuando se traslada al ámbito público.
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