¡Revelado! Estudio Demuestra que la Población no Está de Acuerdo con los Precios Topados en Cuba

Hace 12 días comenzó la implementación de la Regulación 225 para topar precios a productos de alta demanda comercializados por actores no estatales de la economía. La mayoría de la población desaprueba la eficacia de la medida, y la sabia popular, una vez más, demuestra tener razón en cuanto a los augurios relacionados con su puesta en marcha.

Según un estudio realizado por el Gobierno Provincial de Pinar del Río, más de la mitad de los pobladores del occidental territorio tienen opiniones negativas sobre los efectos de la implementación de la Resolución 225, en vigor desde el 8 de julio. Exactamente, el 54% de la población encuentra más problemas que soluciones en la acción. 

Aún con la opinión del pueblo en frente, el coordinador de Programas y objetivos para la Economía en el Gobierno Provincial, Calex Edilio González Chill, reafirma que “es una medida de contención para detener la tendencia creciente de los precios, de la inflación y devaluación de nuestra moneda”.

En Pinar del Río, como en otras tantas provincias de Cuba, existían ofertas por debajo a los valores topados, y la Resolución 225 solo vino en esos casos a incentivar a los vendedores privados a elevar aún más el precio de sus productos. 

No extraña un valor de tope más alto al valor “de la calle” cuando el Ministerio de Finanzas y Precios reconoció la existencia de un mercado informal y las fichas de costo se elaboraron sobre la tasa de cambio de un dólar por 350 CUP y no a 120 CUP que es la oficial. Ya hoy en el mercado informal de divisas un dólar se cotiza en la relación 1 USD x 300 CUP.

También aparece el fenómeno de los productos escondidos. Los comerciantes que los tenían a la venta los retienen y no los venden al público. Sin ganar, pero sin perder un peso. 

Otra de las más indeseadas premoniciones vuelta realidad es la vuelta a un mercado informal de productos con los que ya se había logrado cierta normalización. Quizá las Mipymes y negocios más grandes no asuman el riesgo, por lo visible que sería la falta, pero los TCP dedicados a revender estos productos ahora los comercializan desde las redes sociales en los grupos de compra y venta; y en silencio desde sus casas o negocios, a clientes fijos y conocidos. 

Mientras la población, principal afectada con la inflación nacional, insiste en que topar precios no es la mejor solución, las autoridades continúan enfrascadas en superar la crisis con “ordenamiento”, lo que se traduce en control y regulación de las actividades económicas. 

Justamente en Pinar del Río, donde se develó el estudio sobre la inconformidad popular con la Resolución 225, las instituciones de gobierno se articulan para hacer cumplir la normativa. 

Capacitaron a 430 inspectores profesionales y eventuales para la aplicación del decreto 30 (Decreto 30/21 “De las contravenciones, medidas y procedimientos a aplicar por la violación de las normas que rigen la política de precios y tarifas”). 

Hasta la fecha se realizaron 831 inspecciones, detectándose 262 violaciones y se han impuesto igual cantidad de multas por el decreto 30, con un monto que supera el medio millón de pesos. Además, se han realizado numerosas ventas forzosas en aquellos negocios que ocultaban mercancías. 

Esta actividad se realiza de manera simultánea en todo el país, haciendo cumplir una normativa que pretende detener la inflación sin producciones, en detrimento de la opinión de la gente. Pero mientras tanto, recogiendo cientos de miles de pesos en multas. ¿Será este el objetivo? Te leemos en comentarios.

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