En una decisión que promete generar debates y reacciones diversas entre los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, el Gobierno de Cuba ha anunciado oficialmente la eliminación del permiso especial que permitía a los ciudadanos entrar al país con el pasaporte vencido.
Este cambio normativo fue comunicado este 6 de diciembre por Ana Teresita González Fraga, Directora General de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior, en declaraciones emitidas a través de medios oficiales.
Hasta ahora, los cubanos residentes en el extranjero podían regresar a la isla con pasaportes vencidos, una medida implementada temporalmente en 2021 como respuesta a las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia de COVID-19.
Sin embargo, a partir del 31 de marzo de 2025, los viajeros deberán garantizar que su pasaporte cubano esté vigente para poder ingresar al país.
Según González Fraga, la decisión responde a la necesidad de “recuperar la normalidad en los procedimientos migratorios” tras la superación de las condiciones excepcionales de la pandemia.
No obstante, no se descartan ajustes adicionales para facilitar los trámites de renovación, especialmente en los consulados donde los procesos suelen ser lentos.
La noticia ha generado una amplia gama de reacciones, desde el apoyo de quienes consideran que regularizar los procedimientos fortalecerá el control migratorio, hasta la preocupación de los cubanos que residen en países con acceso limitado a servicios consulares.
La mayoría de las críticas apuntan a los costos elevados y las demoras en la emisión de pasaportes cubanos, que suelen ser un dolor de cabeza para quienes viven fuera de Cuba.
Para quienes necesiten renovar su pasaporte cubano, el gobierno ha recordado que es posible realizar este trámite a través de los consulados cubanos en el exterior. Además, se prevé la implementación de mecanismos digitales en 2024 que prometen acelerar los procesos.
Sin embargo, algunos expertos advierten que estas promesas de modernización podrían tardar en concretarse, dada la infraestructura tecnológica actual del país.
La medida se fundamenta en “la necesidad de organizar los flujos migratorios y garantizar la seguridad documental”. Sin embargo, algunos analistas sugieren que podría estar también relacionada con la intención del gobierno de aumentar los ingresos consulares, dado el contexto económico complejo que atraviesa el país.
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