El gobierno de Estados Unidos ha decidido no extender los beneficios del parole humanitario para migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, afectando a más de medio millón de personas que viven actualmente en el país bajo este programa.
Anunciado por la administración de Joe Biden en octubre de 2022, el parole fue una respuesta a la crisis migratoria en la frontera sur, proporcionando una vía legal temporal para que los migrantes de estos cuatro países pudieran vivir y trabajar en Estados Unidos durante dos años.
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El parole, que benefició a 530,000 migrantes, finalizará en diferentes momentos para cada nacionalidad: los venezolanos verán expirar su permiso a finales de este mes, mientras que los haitianos, cubanos y nicaragüenses enfrentarán la misma situación en enero de 2025.
Aunque el programa brindó alivio a miles de personas, muchos de ellos ahora deberán buscar alternativas para evitar la deportación. De no encontrar una vía legal para permanecer, estos migrantes podrían verse obligados a regresar a sus países de origen, en un contexto donde muchos de ellos enfrentan crisis políticas, económicas y sociales.
El programa no garantizaba la residencia permanente ni la ciudadanía, lo que generaba incertidumbre entre los beneficiarios desde su inicio. Sin embargo, defensores de los derechos de los inmigrantes habían esperado que el presidente extendiera el programa, dado que medidas similares fueron implementadas para ucranianos y afganos.
La decisión de no extender el parole se da en medio de un ciclo electoral, lo que ha generado críticas tanto de activistas como de políticos republicanos, quienes calificaron el programa como un abuso del poder ejecutivo.
Algunos migrantes podrían ser elegibles para otros programas. Por ejemplo, los venezolanos y haitianos podrían solicitar el Estatus de Protección Temporal (TPS), siempre que hayan llegado antes de las fechas límite establecidas por el gobierno.
Mientras tanto, los cubanos podrían acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, que les permite solicitar la residencia permanente después de un año en el país. Sin embargo, la situación para los nicaragüenses es más complicada, ya que no cuentan con TPS y tendrían que recurrir a solicitudes de asilo, un proceso cada vez más restrictivo bajo las políticas actuales.
A pesar de la amenaza de deportación, los procedimientos para expulsar a los migrantes de estos países presentan obstáculos. Actualmente, los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela limitan o rechazan las deportaciones desde Estados Unidos, lo que podría generar una situación legal complicada para los migrantes que no puedan regularizar su estatus.
Haití, por otro lado, sí permite deportaciones, lo que coloca a sus ciudadanos en una situación de mayor vulnerabilidad.
La incertidumbre crece para estas comunidades, quienes, tras dos años de estabilidad relativa, ahora enfrentan la posibilidad de regresar a situaciones difíciles en sus países de origen.
La decisión de la administración Biden también podría tener un impacto significativo en la política migratoria de Estados Unidos en el futuro, especialmente en un año electoral donde las posturas sobre inmigración son un tema candente.
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