El futuro de miles de inmigrantes que han ingresado a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario pende de un hilo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha emitido una advertencia clara: aquellos que no ajusten su estatus migratorio dentro de un período de 24 meses deberán abandonar el país o enfrentar procedimientos de deportación.
Esta medida afecta principalmente a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes han ingresado a territorio estadounidense mediante este programa temporal. La cuenta regresiva ha comenzado, y el tiempo corre en contra de quienes aún no han encontrado una vía para regularizar su situación.
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El parole humanitario es un estatus temporal que permite a ciertos inmigrantes entrar y permanecer en Estados Unidos durante un período limitado, mientras se evalúa su elegibilidad para otras formas de protección o estatus migratorio legal.
Este programa fue creado inicialmente en 2022 para ciudadanos ucranianos que huían de la guerra en su país tras la invasión rusa. Posteriormente, el gobierno de Joe Biden amplió la iniciativa a inmigrantes de otros países como Venezuela en octubre de ese mismo año, y en enero de 2023, incluyó a cubanos, haitianos y nicaragüenses, como una estrategia para reducir la presión migratoria en la frontera sur.
Recientemente, un portavoz del DHS explicó que aquellos inmigrantes que no logren cambiar su estatus migratorio dentro del plazo autorizado por el parole serán colocados en procedimientos de deportación una vez expire dicho período.
Esto significa que los beneficiarios del parole deben solicitar asilo, el Estatus de Protección Temporal (TPS), o cualquier otra vía migratoria disponible antes de que finalicen sus 24 meses en el país.
Según las autoridades, la medida está destinada a mantener un control sobre los flujos migratorios y evitar que el parole humanitario se convierta en una vía para la inmigración irregular a largo plazo.
La intención inicial del programa es brindar a los inmigrantes una solución temporal mientras eligen una opción migratoria legal que les permita permanecer en Estados Unidos de manera regular.
Los problemas con la toma de huellas biométricas no son un caso aislado. Según José Guerrero, abogado de inmigración en Miami, esto ocurre frecuentemente con personas que han trabajado extensivamente con sus manos o han estado en contacto con sustancias que deterioran sus huellas dactilares.
Esta situación genera un obstáculo adicional para quienes buscan ajustar su estatus, ya que deben presentar documentación alternativa, como un certificado de buena conducta y, en algunos casos, antecedentes penales de todos los lugares donde hayan residido en los últimos seis meses.
Estos inconvenientes, sumados al límite de tiempo impuesto por el parole humanitario, ponen a los inmigrantes en una carrera contrarreloj para regularizar su situación y evitar ser deportados.
A pesar de estas dificultades, las autoridades migratorias insisten en que aquellos que no logren ajustarse a un estatus legal dentro del plazo autorizado serán colocados en procedimientos de deportación.
El parole humanitario también impone una responsabilidad importante sobre los patrocinadores, quienes deben asegurarse de que los inmigrantes bajo su cuidado no se conviertan en una carga pública para el gobierno estadounidense.
Esto significa que los patrocinadores deben asumir los costos asociados con el alojamiento, la alimentación, la atención médica y otros gastos de los beneficiarios del parole.
Ante este escenario, los inmigrantes bajo parole deben tomar medidas rápidas y concretas para ajustar su estatus migratorio antes de que se venza su permiso temporal. Las opciones incluyen solicitar asilo, el TPS (disponible para ciertos venezolanos), o cualquier otro estatus legal que les permita permanecer en el país de manera regular.
Durante los 24 meses de vigencia del parole, los inmigrantes tienen la oportunidad de contribuir a la economía estadounidense trabajando de manera legal, lo que también puede fortalecer su caso al solicitar otros beneficios migratorios. Sin embargo, aquellos que no logren regularizar su situación deberán enfrentar la realidad de tener que abandonar Estados Unidos o entrar en un proceso de deportación.
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