Durante este martes 7 de enero se reunió la Cámara de Representantes de Estados Unidos para aprobar una nueva ley que involucra a migrantes irregulares y que compromete su estadía en la nación norteamericana.
Con un apoyo casi totalitario por parte de los representantes republicanos, la ley fue aprobada sumado al apoyo de 48 demócratas, evidenciando la decisión federal de potenciar las políticas gubernamentales respecto a este tema.
Se trata de un decreto legislativo que permite la deportación de todas aquellas personas con un estatus migratorio irregular que sean acusados de cometer delitos menores y no violentos, lo que incluye el hurto.
Bajo el nombre Laken Riley, la normativa rinde culto a una joven estudiante de enfermería de apenas 22 años que fue asesinada en 2024 en Georgia, a manos de un migrante con antecedentes de robo en tiendas.
La historia de la tragedia de la joven víctima, ha sido empleada como plataforma de impulso y desarrollo de este proyecto legislativo, en sintonía con los designios presidenciales anunciados por Donald Trump, en cuanto a tomar medidas de represión contras los inmigrantes.
Tras los resultados de esta primera ronda de aprobación de funcionarios demócratas y republicanos, la ley Laken Riley ahora pasará al Senado, donde se supone que alcanzará el respaldo bipartidista y dado el caso, se puede comenzar a implementar a partir de este viernes.
Teniendo en cuenta la posibilidad de comenzar a aplicar próximamente esta medida, las consecuencias para los migrantes irregulares cada vez empeoran, puesto que la ley autoriza a funcionarios federales a la emisión de órdenes de deportación cuando todavía Trump no se posiciona como mandatario.
De manera que se evidencia que el camino para la toma de poder del republicano, ya se va labrando conforme a los previos anuncios del endurecimiento político de las leyes que buscan minimizar el flujo migratorio.
Sería este solamente el primer paso del prometido “paquete de medidas” que ya se han discutido y analizado desde el pasado año, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.
Por otra parte, algunos medios interpretan el apoyo del partido demócrata a este planteamiento de ley, como un intento de los representantes por “moldear” el discurso, tras el fracaso electoral de noviembre.
En tanto, algunos demócratas han abogado por posiciones más severas en este sentido, mientras que otros han calificado el decreto de “inconstitucional”, puesto que otorga la facultad a fiscales generales estatales conservadores de tomar decisiones en la política federal de inmigración.
La ampliación de la lista de cargos causales a deportación, es una amenaza a cientos de ciudadanos que aún no se establecen oficialmente en territorio norteamericano.
El resto de los decretos que aún están por venir no son muy alentadores para la comunidad migrante, puesto que las palabras de Trump prometen desalojo, expulsión y desahucio:
“Solo haré lo que la ley permite, pero iré hasta el máximo nivel. Haré lo que sea necesario para sacarlos, no me importa. Honestamente, lo haré dentro de los confines de la ley, pero quiero que se vayan y sus países deben recibirlos, si no los reciben no haremos negocios con esos países y aplicaremos aranceles muy sustanciales”.
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