El pasado 27 de junio de 2024, el Ministerio de Finanzas y Precios de la República de Cuba emitió la Resolución 209/2024, una normativa que promete cambiar la dinámica de los contratos entre entidades estatales y el sector no estatal. Pero, ¿Cómo afectará a los contratos entre entidades estatales y no estatales?
La Resolución 209/2024 se basa en el Decreto 24 de 2020, que otorga al Ministro de Finanzas y Precios la facultad de aprobar precios y tarifas de productos y servicios no especificados en el Anexo Único de dicho decreto.
Además, responde a la necesidad de controlar los costos en que incurren las entidades estatales en sus transacciones con formas de gestión no estatal, estableciendo una tasa de utilidad máxima del 30% sobre el total de costos y gastos, incluyendo los impuestos sobre las ventas y los servicios.
La principal implicación de esta resolución es la limitación de la tasa de utilidad para los contratos entre entidades estatales y el sector no estatal. Esto significa que cualquier adquisición de bienes y servicios por parte de las entidades estatales deberá respetar un margen de beneficio que no exceda el 30%.
Este control busca evitar precios inflados y asegurar que los productos y servicios se mantengan accesibles. Al limitar el margen de beneficio, se espera que los precios de bienes y servicios se mantengan más estables.
Los proveedores no estatales tendrán que ajustar sus estructuras de costos y márgenes de ganancia, lo que podría reducir sus beneficios.
Los consejos provinciales y municipales tienen la facultad de aprobar precios y tarifas máximas para ciertos bienes y servicios, adaptándolos a las particularidades de cada territorio. Esta medida permite una mayor vigilancia y control a nivel local.
Autoridades cubanas esperan que a medida que las entidades se adapten a estas nuevas directrices, el panorama económico cubano se fortalezca, beneficiando tanto a consumidores como a proveedores.
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