Una ley ha sido firmada por el gobernador de Texas Greg Abbott, para tratar de frenar la oleada de indocumentados que entran a ese territorio, norma que podría perjudicar seriamanete a inmigrantes.
La legislación faculta a la policía a detener personas sospechosas de haber entrado ilegalmente al país, y podrían enfrentar penas de entre 180 días de cárcel hasta 20 años de prisión.
Los detenidos estarían expuestos a ser procesados por tribunales o la deportación, ley que ha enfrentado el rechazo de la opinión pública y entraría en vigor en el mes de marzo de 2024.
Asociaciones civiles, abogados y activistas se han pronunciado contra la legislación calificándola de inconstitucional, la cual permitirá que sheriffs, policías y agentes de seguridad pública de Texas puedan detener personas para preguntar por su condición migratoria.
Las críticas señalan que tales facultades no están reconocidas para dichas autoridades, por lo que las mismas no se encuentran en condiciones de hacer cumplir leyes de inmigración, según denuncia la Unión Estadounidense de Libertados Civiles.
La legislación fue firmada junto a otras para contener la inmigración irregular, en su conjunto conocidas como SB 4, ha sido rechazada por fomentar el acoso y la discriminación racial, y se aplicaría no solo en las ciudades fronterizas, sino en la totalidad del estado de Texas.
Hay algunos consejos que debiera tener en cuenta una persona detenida bajo los efectos de la SB 4 tales como:
La persona podría tener que esperar algún período detenida, pero luego el juez de inmigración, determinará el procedimiento correcto.
Aunque los reportes hablan del futuro de la ley como algo incierto, la misma pudiera tener potenciales consecuencias para los inmigrantes.
El paquete contiene otra ley para financiamiento del muro fronterizo iniciado por Trump con apoyo de 1 500 millones de dólares y una tercera norma que penaliza el tráfico de personas con altas condenas de cárcel, una realidad que vuelve a poner en rojo las alarmas para inmigrantes, como sucedió en agosto de 2022 ante la posibilidad de nuevas enmiendas migratorias.
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