Cada año, miles de empresas y entidades en Cuba enfrentan una de las obligaciones fiscales más relevantes del sistema tributario. Un proceso que, aunque rutinario para muchos, puede traer consecuencias significativas si no se cumple correctamente.
La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) ha lanzado un nuevo llamado a todas las personas jurídicas obligadas a presentar su declaración.
Más allá de un simple trámite, el incumplimiento de esta responsabilidad puede derivar en sanciones y afectar el desarrollo financiero de las entidades implicadas.
Pero, ¿quiénes están sujetos a esta obligación y qué medidas deben tomar para evitar penalizaciones?
Indice
El impuesto sobre utilidades es un tributo obligatorio para diversas entidades económicas en Cuba, incluyendo:
Para garantizar la transparencia y el cumplimiento de esta normativa, la ONAT ha implementado nuevas directrices en el proceso de declaración.
Con el objetivo de modernizar los trámites fiscales, la declaración debe enviarse en formato digital y con firma electrónica, utilizando el correo de consultas de la oficina tributaria correspondiente. Este paso busca agilizar el procedimiento y minimizar errores en la documentación.
Sin embargo, muchas empresas aún desconocen este requisito y podrían quedar fuera del proceso, lo que implicaría consecuencias graves.
Según la Ley No. 113 del Sistema Tributario, la omisión o el retraso en la presentación de la declaración de utilidades puede acarrear multas y otras sanciones económicas.
La fecha límite para presentar la declaración de utilidades en Cuba es 31 de marzo.
Además, si se detectan ingresos no declarados o subdeclarados, las penalizaciones pueden ser aún más severas.
Para evitar estas complicaciones, la ONAT exhorta a todas las entidades a cumplir con su obligación dentro del plazo establecido.
Es un procedimiento fiscal que permite a las empresas y entidades jurídicas reportar sus ingresos y pagar el impuesto correspondiente, según la normativa vigente.
Debe enviarse en formato digital con firma electrónica a la oficina tributaria del municipio donde esté registrada la entidad.
Las entidades pueden enfrentar sanciones económicas, multas y otras penalizaciones establecidas en la Ley No. 113 del Sistema Tributario.
Sí, todas las micro, pequeñas y medianas empresas, así como los proyectos de desarrollo local, deben cumplir con esta obligación tributaria.
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