Recientemente la Gaceta Oficial de la República de Cuba No. 78 del 2024 añadió 125 nuevas regulaciones económicas prohibidas para las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (Mipymes), que involucra también a las cooperativas no agropecuarias (CNA) y los trabajadores por cuenta propia (TCP).
En Cuba se distribuye el famoso paquete semanal, un medio de distribución offline que contiene audiovisuales. Este sistema informático ha funcionado en la isla desde hace varios años, facilitándole a los residentes cubanos el acceso a los programas, novelas y otros contenidos visuales.
La Gaceta expone que las actividades vinculadas a la exhibición cinematográfica díganse series, películas, documentales, novelas u otros aspectos similares. A esta prohibición se le suma la exposición de estos elementos a las personas mediante cualquier tipo de dispositivo electrónico.
El decreto fue firmado por el primer Ministro de Cuba, Manuel Marrero, quien corrobora que estas prácticas informáticas prohibidas constituyen una estrategia para Cuba.
El pueblo, por su parte, ha destapado en una serie de críticas y disgustos por las leyes establecidas. Las redes sociales evidencian lo antes expuesto. Los ciudadanos continúan cuestionando el porqué detrás de esta decisión radical y alegan comentarios infundados sobre posibles causas como que el gobierno no quiere que se sepa la realidad existente en el mundo.
La población cubana expone en las redes su descontento y no muestra temor a citar palabras fuertes dirigidas al gobierno. Si la garantía de insumos básicos como los productos de la bodega no puede hacerse al menos no priven a los ciudadanos de ver lo que deseen.
Otra de las actividades que prohíbe el gobierno a ni el de sector privado es la creación de sellos discográficos, transmisiones de radio y televisión. También están controladas las actividades vinculadas a la ciberseguridad.
Las autoridades conocen del paquete y su distribución en Cuba. Algunos de los distribuidores del paquete admiren que existen contenidos que no se comparten. Actualmente el estado demanda la prohibición y distribución total de este soporte.
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