Mientras se acercan los esperados comicios electorales de noviembre en Estados Unidos, los candidatos presidenciales anuncian futuras medidas dentro su política de mandato y Donald Trump, se ha pronunciado al respecto.
El exmandatario norteamericano, recientemente anunció que si es reelecto implementará una drástica medida para terminar con ciertos delitos e infracciones sociales que quebrantan las dictaminaciones gubernamentales.
Se trata de la pena de muerte a narcotraficantes, asesinos de policías y proxenetas, el castigo máximo que podría imponerse a cualquier ser humano, y lo que considera Trump como el ajusticiamiento correcto para estos infractores.
Al respecto, el candidato republicano refirió -durante un evento con la Fraternidad de Policía en Charlotte en Carolina del Norte- que la pena capital será la penitencia viable “para los narcotraficantes y cualquier persona culpable de tráfico sexual de niños y mujeres, que está sucediendo en cifras masivas”.
Durante la pronunciación del político también se afirmó la implementación de una pena mínima de 10 años de cárcel para los responsables de tráfico humano, además de la imposición de cadena perpetua por tráfico infantil.
Donald Trump asegura que su decisión de condena tiene fundamento en la necesaria seguridad de la nación estadounidense, por lo que promete “lanzar un cuerpo especial a nivel federal para desmantelar las bandas y las redes criminales”.
De acuerdo al parlamento del político, su colaboración con las autoridades locales tiene planificado perseguir y desarticular organizaciones criminales, para lo que ha tomado como base las medidas del presidente chino Xi Jinping.
Aunque Trump anuncia estas penalidades para el caso de delitos de tipo sexual, no es secreto el caso penal que se abrió en su contra por 32 delitos graves por falsificación documental para silenciar a la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, con la que tuvo una relación extramarital.
Al respecto, se decidió un atraso en la sentencia final del juicio para el 26 de noviembre -una vez concluidas las elecciones- según decretó el juez del Tribunal Supremo de Nueva York, Juan M. Merchan.
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