Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Estados Unidos están en alerta, ya que una nueva orden ejecutiva dictada por el presidente estadounidense Donald Trump, exige a cada miembro compartir todos los datos personales además del historial de beneficios. ¿Qué hay detrás de esta “aparente e inofensiva” petición?
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Desde que Trump tomó la presidencia de la nación norteamericana, miles de programas económicos asistenciales se han puesto en tela de juicio por el tema del financiamiento y la reducción de iniciativas que atenten contra el presupuesto del país.
La política del mandatario republicano ha revolucionado varios ejes de la vida de los estadounidenses, aparejado a los despidos masivos, la reducción de personal, los cambios en las políticas de varios proyectos económicos, la creación del DOGE para el análisis presupuestario de fondos, etc.
Esta vez, se ha ordenado al Departamento de Agricultura de Estados Unidos -entidad que lidera administrativamente el SNAP- la recopilación de datos personales de cada miembro para compartirlos con el gobierno federal.
Lo más preocupante del tema, es que dadas las modificaciones en el ámbito socio-laboral, miles de ciudadanos se preguntan si se recrudecerán las políticas del programa y si perderán los beneficios.
Este proceso federal de recopilación de datos está solicitando todos los registros y datos no clasificados, además de las bases de datos en sistemas de software y sistemas de tecnología de la información.
Por otra parte, también se precisa de ciertas especificidades en los beneficiarios como el nombre y apellidos completos, la fecha de nacimiento, zona en que reside y dirección exacta del domicilio, número del Seguro Social (SSN) y el historial de beneficios SNAP recibidos.
El gobierno estadounidense también ha pedido a las oficinas encargadas en el proceso de recopilación, que se calcule el monto total de dólares recibidos por cada beneficiario desde el año inicial de suscripción, filtrado según las fechas.
Aunque SNAP es un programa federal, funciona de manera estatal, con contribución de financiamiento de otras instituciones estatales, y bajo el reglamento de cada territorio, lo que ha traído muchas dudas sobre este proceso de control.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos envió un anuncio a cada estado con las especificaciones informativas a cumplir y asegurando todo esto se debe a la supervisión gubernamental.
Brooke Rollins, líder del departamento, refirió que mediante esta orden ejecutiva Trump busca acceso legítimo a todos los programas que financia. En defensa de ello, alega que SNAP ha estado funcionando en “piloto automático” sin una verificación real de quiénes son los beneficiarios, cuánto han recibido en total y cómo se distribuye los montos.
El gobierno estadounidense añade a todos estos argumentos, que la revisión se realiza para detectar y prevenir casos de fraude que, de acuerdo a las estadísticas, en los últimos años se han incrementado.
Como referíamos anteriormente, el dictamen federal ha causado preocupación entre los beneficiarios del programa, dados los últimos acontecimientos de restricción en varias iniciativas asistenciales.
Sin embargo, uno de los factores más alarmantes es que se compartirán datos privados y ahora está disponible toda esa información personal para el gobierno federal, lo que puede ser usada con fines inadecuados, o puede existir una filtración de datos que generaría perjuicios mayores.
Lo cierto es que, por el momento, la política SNAP se mantiene sin alteraciones, no obstante, no se descarta la posibilidad de que ocurran modificaciones a raíz de dicha investigación.
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