El panorama político en torno al problema migratorio se amplifica cada vez más. El gobierno estadounidense pone en práctica todo lo que está a su alcance por frenar la migración irregular, como el reciente acuerdo firmado con Panamá para impedir la extensión de viajeros irregulares a la nación norteamericana.
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Recientemente el Secretario de Estado de Estados Unidos -Marco Rubio- presenció un vuelo de deportación de 43 personas inmigrantes en Panamá, tras ser detenidos en el país centroamericano y haber cruzado el Tapón del Darién.
No es usual que un político del rango de Marco Rubio presencie este tipo de operaciones policiales frente a cámaras y medios de divulgación. Sin embargo, esta es una más de las evidencias de las medidas de control y orden que Trump se ha propuesto en su mandato desde la Casa Blanca.
Los 43 inmigrantes (32 hombres y 11 mujeres) fueron repatriados a Colombia, y al respecto el mandatario afirmó: “La migración masiva es una de las grandes tragedias de la era moderna. Afecta a países de todo el mundo”.
El Secretario de Estado había viajado hasta Ciudad de Panamá luego de un trayecto que incluyó 5 países de Centroamérica, y luego viajó a El Salvador, todo esto en medio de un contexto de pausas e indefiniciones de la asistencia exterior estadounidense y la suspensión de programas bajo financiamiento del estado.
Por su parte, el presidente de Panamá José Raúl Mulino, no ha tomado medidas de enfrentamiento o represalia a las determinaciones del gobierno norteamericano tras las amenazas de Trump con imponer drásticas medidas a los países que no autoricen los vuelos de deportación. Pero ¿a qué se debe esto?
Ambos países firmaron un acuerdo político el 1 de julio de 2024 -durante el primer día de mandato de Mulino- donde Washington se compromete a pagar la suma de 6 millones de dólares para el financiamiento de vuelos de deportación a todos aquellos que cruzan la selva del Darién y estén indocumentados.
La semana pasada Colombia se vio afectada en términos políticos al no aceptar dos vuelos de repatriación ciudadana desde Estados Unidos. En cambio, Panamá se mantiene en una postura de colaboración permisiva dado el sello financiero, y permite el aterrizaje de vuelos de personas deportadas de terceros países y la devolución de migrantes antes de llegar al destino estadounidense.
Le he ofrecido el área de la pista aérea de Nicanor en Metetí (provincia de Darién), para que sea desde ahí donde se surta el trámite de repatriación de personas de distintas partes como Venezuela, Colombia, Ecuador, y otras nacionalidades.
refirió Mulino en una conferencia de prensa.
En estadísticas preliminares, las autoridades panameñas afirman que se han llevado hasta el momento 44 vuelos de deportación para un aproximado de 2 mil viajeros con estatus irregular, con un predominio de personas procedentes de Colombia y Ecuador.
Rubio afirma que este puente con Panamá es una eficiente manera de poner freno a la migración irregular, la que califica de “destructiva y desestabilizadora”.
Entendemos que la mayoría de personas que vienen aquí tienen como objetivo principal llegar eventualmente a Estados unidos. Entonces podría decir que, en cierto punto, nuestra frontera no comienza en Texas o México. Comienza mucho más abajo.
señaló el mandatario estadounidense.
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