El fallo lo revocó el El Tribunal de Apelaciones del 11.º Circuito de Estados Unidos, luego de que en 2022 las líneas de cruceros localizadas en el sur de Florida Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC Cruises, fueran ordenadas a pagar 439 millones de dólares y honorarios a abogados al amparo del Título III, de la Ley Helms-Burton.
La orden de la jueza del distrito, Beth Bloom, figura como la primera que se apoyó en el referido título III de la Helms-Burton para penalizar a las compañías, bajo un articulado que otorga facultades a antiguos propietarios de bienes en Cuba para reclamar sobre propiedades nacionalizadas por el Gobierno revolucionario.
Ese título de la legislación que codifica el paquete de sanciones estadounienses contra la isla permite a esos propietarios hacer demandas contra aquellos que se benefician del uso comercial de dichas propiedades.
La jueza Beth Bloom al sancionar a las compañías en 2022 refirió que “obtuvieron importantes beneficios, de cientos de millones de dólares cada una, de sus actividades ilegales” en ese puerto.
Con ese apartado de la legislación la sanción de la magistrada miamense fue un golpe para el turismo de la isla, que anteriormente había vivido momentos de esplendor con la visita de varios cruceros al puerto de La Habana y el de Santiago de Cuba.
En 2019 el presidente Donald Trump durante su mandato activó el título III de la ley, el cual fue suspendido por los mandatarios predecesores desde que William Clinton la firmara en 1996.
Las compañías Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC Cruises emitieron una declaración conjunta en la que expresaron sentir satisfacción por la decisión del tribunal.
A pesar de que Havana Docks tiene una “reclamación por la pérdida del muelle y las instalaciones y sus derechos para explotarlas”, no cuenta con derecho de propiedad absoluta sobre ninguna propiedad inmobiliaria en el Puerto de La Habana, así lo reconoce el dictamen de los jueces William Pryor y Adalberto Jordan.
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla ha denunciado esa política de sanciones, a la cual se ha referido como violatoria de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional.
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