Nueva Ley Migratoria en Florida: Pena de Muerte y Más Restricciones para Inmigrantes

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha firmado recientemente un conjunto de leyes que endurecen significativamente la política estatal hacia los inmigrantes. Estas nuevas normativas prometen cambiar el panorama para las comunidades de inmigrantes en el estado. 

¿Cómo afectarán estas leyes la vida cotidiana de miles de personas? ¿Qué implica esta nueva dirección política para Florida? Lee este artículo para conocer a fondo qué trae la nueva legislación.

Nuevas posturas contra los inmigrantes ilegales

Para nadie es un secreto que, una vez que Donald Trump asumiera el poder, cumpliría todas y cada una de sus promesas de tolerancia cero con la inmigración. 

Las deportaciones masivas, los arrestos a “sospechosos”, la eliminación de vías legales para llegar a los Estados Unidos como el Parole Humanitario o las peticiones de asilo a través de la aplicación CBP One, han sumido a la comunidad migrante en un terror absoluto, incluso a salir a la calle. 

No es extraño que, entonces que en los diferentes estados del país comiencen a elaborarse leyes y tomarse medidas para seguir la línea discursiva. Tal es el caso de la Florida, cuyo gobernador, Ron De Santis, firmó un paquete de medias que ponen a su estado a la vanguardia de la pugna contra la inmigración ilegal.

Nuevas disposiciones legales firmadas por Ron DeSantis

Ron DeSantis dictaminó estas medidas como “la legislación más dura” para “combatir” la inmigración ilegal en los 50 estados. 

A pesar de que fuera apoyada por algunos legisladores republicanos, muchos otros, así como líderes de este Partido en la Florida y sus homólogos demócratas intentaron poner freno a la firma de este paquete de leyes, a lo que DeSantis respondió que sería una “traición” a los votantes conservadores. 

Las nuevas leyes traen medidas tan extremas como la imposición de la pena de muerte a migrantes indocumentados que comentan delitos capitales como el asesinato o la violación de menores. 

Mediante estas leyes, se agravarán las penas para todos los delitos si quien los comete es inmigrante no autorizado. Asimismo, se concibe como un nuevo delito entrar al estado después de llegar ilegalmente a Estados Unidos.

Incluso, poner resistencia ante un arresto conllevará una pena mínima obligatoria de 9 meses si se trata de un inmigrante ilegal.

Otra de las leyes ratifica la disposición de Florida a alinear sus esfuerzos con las iniciativas de aplicación de inmigración del presidente Trump. 

Asimismo, se presentó un Proyecto de Ley contempla la creación de una Junta Estatal de Aplicación de la Inmigración dentro del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida. 

Para ello se designará un consejo asesor para la junta, integrado por jefes de policía será nombrado. Entre sus poderes, la nueva junta estaría facultada para proporcionar camas en prisiones de Florida al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para la detención de migrantes indocumentados.

Para el cumplimiento de estas leyes se dispondrá de casi 300 millones de dólares, que serán utilizados en la contratación de más de 50 agentes de seguridad encargados de la supervisión de inmigrantes, así como la compra de nuevos equipos, capacitaciones y bonificaciones para quienes colaboren con las autoridades federales.

Las leyes están siendo ampliamente utilizadas por defensores de los derechos humanos, que aluden que una persona, por ser migrante, no merece penas más fuertes que otras y que, además, estas leyes podrían dar pie a procesos en los que se tomen estas medidas de forma arbitraria. 

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