La crisis migratoria en América Latina sigue en aumento. En los últimos días, México ha recibido a más de 6,000 migrantes irregulares deportados desde Estados Unidos, en su mayoría nicaragüenses, cubanos, haitianos y hondureños.
Este movimiento masivo responde a los acuerdos migratorios entre ambos países, que permiten la deportación de personas que Estados Unidos no puede enviar directamente a sus naciones de origen. Sin embargo, la situación ha generado incertidumbre entre los migrantes, quienes ahora enfrentan un futuro incierto en territorio mexicano.
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El gobierno de Estados Unidos ha endurecido sus políticas migratorias, especialmente tras la toma de posesión de Donald Trump en su segundo mandato. Como resultado, se han reforzado los operativos para detener y deportar a miles de migrantes indocumentados.
Según reportes de las autoridades de Ciudad Juárez, el gobierno de México aceptó recibir a personas deportadas de Estados Unidos que no pueden ser enviadas a sus países de origen, debido a la negativa de los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Haití para recibir a sus ciudadanos repatriados.
Este proceso se realiza en un horario de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. en los puntos fronterizos de Chihuahua, Tamaulipas y Baja California, donde se han habilitado centros de atención a migrantes para recibir a los deportados.
Para hacer frente a la creciente llegada de migrantes, México ha construido varios centros de recepción en ciudades fronterizas como:
En Ciudad Juárez, el Centro de Atención a Migrantes ya alberga a 2,500 personas, mientras que en otros estados se están construyendo al menos nueve centros adicionales para recibir a más deportados.
Sin embargo, el gobierno de México no ha revelado cifras exactas de cuántos migrantes han sido trasladados hasta el momento, lo que ha generado críticas sobre la falta de transparencia en el manejo de esta crisis.
Uno de los grupos más afectados por estas deportaciones son los nicaragüenses.
Hasta noviembre de 2024, más de 45,995 nicaragüenses esperaban ser deportados desde Estados Unidos.
Muchos de ellos estaban en libertad bajo supervisión del ICE, pero ahora enfrentan un futuro incierto en México.
El gobierno de Daniel Ortega no ha emitido declaraciones oficiales sobre la situación de sus ciudadanos deportados.
El silencio de Nicaragua contrasta con otros países de la región, como El Salvador y Honduras, que han trabajado con Estados Unidos para coordinar el retorno de sus ciudadanos.
Mientras tanto, cientos de migrantes nicaragüenses han acudido a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en Chiapas, con la esperanza de obtener permisos de residencia temporal que les eviten la deportación.
Ante esta situación, los migrantes deportados tienen pocas alternativas:
Sin embargo, la violencia en la frontera y la falta de apoyo gubernamental hacen que muchas de estas opciones sean poco viables para los migrantes que han quedado varados.
Porque los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Haití no han aceptado la repatriación de sus ciudadanos.
Según reportes extraoficiales, más de 6,000 migrantes han sido enviados a territorio mexicano.
Las ciudades fronterizas de Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.
Pueden solicitar asilo, visas humanitarias o intentar regularizar su estatus, aunque el proceso es complejo.
La deportación masiva de migrantes hacia México refleja la nueva política migratoria de Donald Trump, quien ha endurecido las medidas contra la inmigración irregular.
Para miles de migrantes, México se ha convertido en un destino forzado, donde deben luchar por su supervivencia en medio de la incertidumbre y la falta de apoyo gubernamental.
Mientras tanto, las autoridades mexicanas enfrentan el reto de manejar esta crisis humanitaria, sin un plan claro sobre el destino de los miles de deportados que siguen llegando cada día.
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