Hace más de un año que comenzara en Londres el juicio del fondo de inversión CRF Limited I contra el Banco Nacional de Cuba (BNC) y el estado cubano, por impagos de deudas cuyo monto superaba los 75 millones de dólares.
La sentencia, algo ambigua, planteaba que debía analizarse si el CRF Limited I era realmente acreedor del Banco, y, en cualquier caso, el Estado y la República de Cuba quedaban exentos de cargos, porque no se pudo comprobar que la deuda fuese del país, y solo se demostró que había sido adquirida por el banco en condiciones irregulares.
Aunque medios oficialistas cubanos aseguraban que se había recurrido a la apelación, medios independientes afirman que la jueza Sarah Cockerill, encargada de llevar el caso, había desestimado este recurso.
El pasado 24 de julio del presente año, comenzó una nueva audiencia de este litigio, con el propósito de arrojar luz sobre otros factores que no habían sido analizados con anterioridad y finalmente determinar en primera instancia si los tribunales británicos pueden intervenir directamente en las interioridades del caso, y luego descifrar hasta qué punto es realmente legítima la demanda del CRF.
Desde Londres, el abogado Humberto López, vocero del gobierno cubano, reportó a medios oficialistas la situación de esta nueva etapa del juicio, así como detalles del procedimiento que se llevará a cabo para liberar a la parte cubana de este proceso.
Estas nuevas audiencias, según explica López, consisten en un juicio de jurisdicción para decretar hasta dónde pueden los tribunales investigar el fondo de la demanda.
López, además, asegura que en esta nueva etapa del proceso Cuba dará a conocer sus argumentos que “en esencia se basan en demostrar que la jueza del año pasado se equivocó al no observar las evidencias que traía el Banco Nacional de Cuba para demostrar que este fondo buitre es totalmente ajeno a sus instrumentos financieros, o sea, que nunca ha sido ni es acreedor del BNC”.
La estrategia de la defensa cubana, consiste básicamente en negar y demostrar que el CRF no es acreedor del BNC y, por ende, los tribunales extranjeros no tienen ningún derecho a investigar al BNC.
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