El futuro de millones de personas en Estados Unidos podría cambiar drásticamente bajo la nueva administración de Donald Trump, quien ha retomado un objetivo que marcó sus años anteriores en la Casa Blanca: terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento. ¿Será esta la medida que redibuje el panorama migratorio del país?
Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, anunció en entrevistas recientes que planea acciones ejecutivas inmediatas para eliminar la ciudadanía automática para quienes nacen en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
Este derecho, establecido por la Decimocuarta Enmienda y ratificado por la Corte Suprema en 1898, ha sido un pilar del sistema migratorio del país.
La propuesta no solo busca redefinir la interpretación constitucional, sino que también se inscribe en una estrategia más amplia que incluye deportaciones masivas.
Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, alrededor de 11 millones de personas viven sin documentación legal en Estados Unidos, y Trump ha prometido declararlas una emergencia nacional para movilizar recursos federales en su contra.
Implementar estas medidas no será fácil. Terminar con la ciudadanía por nacimiento enfrenta barreras legales significativas, dado su respaldo constitucional.
Trump ha sugerido que podría recurrir a una acción ejecutiva o impulsar una enmienda constitucional, un proceso largo y complejo que requeriría el apoyo del Congreso y de los estados.
Además, el costo económico de las deportaciones masivas es monumental. Estimaciones indican que estas podrían alcanzar los $88 mil millones anuales, una cifra que plantea preguntas sobre la viabilidad y el impacto financiero del plan.
Pese a la retórica dura, Trump ha señalado su disposición a negociar un acuerdo para proteger a los “dreamers”, jóvenes traídos a Estados Unidos siendo niños. Sin embargo, el panorama es incierto, ya que durante su primer mandato intentó sin éxito eliminar el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), bloqueado por la Corte Suprema.
Más allá de las fronteras de Estados Unidos, esta postura refleja una tendencia global hacia políticas migratorias más estrictas.
Sin embargo, expertos advierten que medidas como la eliminación de la ciudadanía por nacimiento podrían aislar aún más al país en un escenario internacional donde la cooperación es clave para abordar las causas de la migración.
Con su retorno al poder programado para enero de 2025, Trump busca consolidar una visión de nación basada en fronteras rígidas y una reestructuración drástica del sistema migratorio.
¿Logrará su administración sortear los desafíos legales, políticos y éticos para implementar esta transformación radical? Los próximos meses serán cruciales para definir el rumbo de Estados Unidos en el tema migratorio.
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