Demandan a Administración Biden por Reciente Norma Contra el Asilo ¿Será Revocada?

El panorama político estadounidense continúa en avalancha jurídica respecto a la migración irregular, y es que las normativas de Joe Biden han generado litigio -como era de esperarse- y se ha impuesto una demanda en su contra ¿Cuál es esta demanda y qué consecuencias puede traer?.

Los intentos del mandatario para contrarrestar el flujo migratorio lo llevaron a decretar, durante la pasada semana, una severa restricción de asilo en la frontera sur, lo que a su vez levanta adeptos y contrincantes. 

Este miércoles 12 de junio, fue presentado ante el Tribunal del Distrito de Estados Unidos en Washington D.C. una demanda contra la administración Biden por varios grupos de defensa de inmigrantes en conjunto.

Dentro de ellos figuran organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles, el proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP), el Centro de Estudios de Género y Refugiados, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, Jenner & Block LLP, el Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas y el Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes, así como otras corporaciones de ayuda, que encontraron una estrategia de fusión para proceder al reclamo.

Los argumentos se respaldan en la injusticia que representa la prohibición del acceso al asilo como derecho humano, lo que deriva en una contravención de la política internacional, minimizando las opciones de presentación en puertos de entrada para una población cada vez más vulnerable y desprotegida.

Aparejado a ello, los demandantes alegan el paralelismo entre las normativas de Biden y las regulaciones que años atrás fueron impuestas por Donald Trump y resultaron revocadas por los tribunales de justicia.

Lee Gelernt -subdirector de la Oficina de Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU)- manifestó al respecto: “Al promulgar una prohibición de asilo que es legalmente indistinguible de la prohibición de Trump que bloqueamos con éxito, no nos quedó más remedio que presentar esta demanda”.

Este contexto ya era predecible según algunos analistas y miembros de organizaciones benéficas, tal es el caso del director de Atención al Migrante en Tijuana Enrique Lucero, que manifestó recientemente la potencial posibilidad de una impugnación a la orden ejecutiva.

La suspensión de asilo, por ende, es una violación de la ley federal de inmigración existente, a la vez que pronuncia una falta de humanismo a refugiados e inmigrantes.

Gelernt añade a su parlamento que “la administración carece de autoridad unilateral para anular el Congreso y prohibir el asilo basándose en cómo uno ingresa al país, un punto que los tribunales dejaron muy claro cuando la administración Trump intentó sin éxito una prohibición casi idéntica”.

De modo que este reclamo se hace eco de la anterior prohibición de asilo como parte de la administración Trump y que fue impugnada con éxito por parte de los defensores de derechos de los inmigrantes.

Bajo la calificación de “incoherente” y con el señalamiento de resultar “asfixiante” para las personas involucradas, la denuncia conjunta plantea que el decreto de Biden “exacerba el caos en la frontera sur, socava el trabajo vital de los grupos de ayuda humanitaria y legal, y resultará en deportaciones injustas de refugiados a países donde enfrentan persecución y tortura”.

El terreno migratorio se torna cada vez más inestable y preocupante con el recrudecimiento de políticas contra el asilo que la mayoría califica de “cruel, ineficaz e ilegal”. Todo esto tiene como escenario de orden las venideras elecciones presidenciales en noviembre, que aseguran miradas sobre la gestión política de Biden y su control de cruces fronterizos.

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