En los últimos días el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular de Cuba, emitió un dictamen que contiene importantes decisiones sobre algunos delitos cometidos contra la propiedad social.
¿De qué se trata? ¿Cuáles son los delitos tipificados dentro de dicho dictamen? Todas estas y otras interrogantes quedarán respondidas en este trabajo de D-Cuba.
Según publicaciones oficiales, de acuerdo con las facultades que le confiere la Constitución de la República de Cuba y la Ley número 140 de los Tribunales de Justicia, se emitió el Documento de Opinión 475.
Este dictamen contiene las clasificaciones jurídicas de los delitos relacionados con actos vandálicos que afectan los aspectos siguientes:
Dentro del dictamen se tipifican esos delitos de la siguiente manera:
Se clasificarán como sabotaje los delitos que impliquen daños, sustracción o alteración de elementos en vías férreas, transporte público, parques solares, generadores, infraestructura de telecomunicaciones o el sistema eléctrico nacional.
Esos delitos quedarán contenidos en el (Artículo 125 del Código Penal), y procede se esa forma por su carácter intencional y la afectación de intereses estratégicos del Estado.
En este caso es cuando en la comisión del delito exista riesgo para la vida, la seguridad colectiva o la posibilidad de accidentes graves, se aplicará una sanción más severa según el (Artículo 126 del Código Penal).
Los tribunales deberán impulsar procesos ágiles, reduciendo al mínimo las demoras, especialmente en casos de mayor gravedad y por la repercusión social.
Se considerará la imposición de prisión provisional, además de agravantes como actuar en grupo, el uso de menores o la realización de los hechos en horarios nocturnos.
De la misma manera podrán aplicarse sanciones accesorias, tales como la confiscación de bienes o la prohibición de salida del país.
En las informaciones se recoge, además, que se realizarán juicios (ejemplarizantes) que sirvan como muestra, así como la difusión a través de los medios de comunicación, para aumentar la conciencia jurídica y prevenir estos delitos.
La finalidad de este dictamen es unificar los criterios judiciales, asegurar respuestas penales proporcionales y fortalecer los esfuerzos del Estado en la recuperación y protección de servicios esenciales para la población.
A solo unos días de darse a conocer esta información muchos cubanos de dentro de la isla han dejado saber sus opiniones a través de las cuales han apoyado estas medidas.
En redes sociales se han podido leer comentarios referidos a ser más severos con quienes pongan en peligro la vida de personas a través de la comisión de estos delitos y que las leyes se hagan sentir con rigor.
Otros afirman que ya era hora de adoptar medidas severas con quienes atenten en contra de los bienes del estado y de uso social como el transporte, los aditamentos electrónicos o de las comunicaciones.
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