Cuba avanza en la conformación de una nueva institución para proteger derechos de las personas vulnerables, proceso que incluirá capacitación a profesionales del sector jurídico en el país.
En la nación se prevén crear las Defensorías Territoriales, que cumplirán roles para la protección de diferentes modos a personas en situaciones de vulnerabilidad.
La institución responde a lo normado por el Código de las Familias y el Código de Procesos, acorde a la actualización legislativa que se ha desarrollado en el país durante los últimos años.
Las Defensorías funcionarán como instituciones que en el entorno familiar, civil, laboral y mercantil, su función principal es proteger, garantizar y restablecer el ejercicio de los derechos de personas vulnerables.
Como parte de sus atribuciones, la entidad ofrecerá representación legal, que permita a los representados ejercer sus derechos dentro y fuera del escenario judicial
Personas perjudicadas por discriminación, violencia, u otras situaciones, así como niños, niñas adolescentes, discapacitados, adultos mayores, entre otros, serán los sujetos que pueden beneficiarse de las atenciones del nuevo mecanismo de protección que se gesta en la isla.
Dentro de sus misiones, la defensoría debe trabajar para la solución de los conflictos y la gestión de estos, con apoyo de Oficinas de Mediación, además de la representación territorial de los órganos del Estado, organizaciones sociales y de masas.
Alejandro Redondo Ramos, coordinador de la Actividad Legislativa del Ministerio de Justicia, explicó que en el mundo existen otras defensorías, aunque no trabajan atendiendo a relaciones privadas, lo que convierte a la cubana en un ejemplo diferente, calificado como de vanguardia.
El nuevo mecanismo contempla que las Direcciones Provinciales de Justicia cuenten con un departamento de Defensoría, que designará las listas de defensores, además en el Ministerio de Justicia debe habilitarse también una dirección para el trabajo metodológico y la coordinación.
Compete al defensor representar a la persona en situación de vulnerabilidad, de necesitar tutores, representantes o apoyos, hasta que tenga la garantía de estos.
Incluso aunque dicha persona tenga tutores, si hay intereses que no se corresponden entre ellos, o determinadas situaciones que lo perjudiquen, interviene la Defensoría para que no se atente contra los bienes o derechos del necesitado de protección.
Cuando el afectado se dirija a la Defensoría para solicitar apoyo, o se conozca del caso por otras instituciones, se le asignará un defensor, el cual debe examinar dicho caso de conjunto con otros especialistas consultores.
Los defensores deben ser juristas, con excepción de quienes se desempeñan como jueces, fiscales y notarios, debido a su postura neutral en los procesos.
En función de los análisis se define cómo tratar el problema en cuestión, si el caso lo amerita se involucran otros actores como la Policía Nacional Revolucionaria y la Fiscalía General de la República.
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