En un hecho alarmante que pone en evidencia la grave crisis del gas licuado en Cuba, un camión estatal, perteneciente a Suministros Agropecuarios del municipio Los Palacios, fue interceptado por la policía en la autopista transportando 79 cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) de forma ilegal. Este cargamento ilícito se suma a una serie de irregularidades que agravan la escasez de este producto esencial para millones de cubanos.
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El camión fue detenido mientras circulaba por la autopista, tras una operación de vigilancia por parte de las autoridades locales.
La presencia de los 79 cilindros de gas en el vehículo, sin la debida documentación ni los permisos pertinentes, desató una serie de interrogantes sobre las prácticas ilegales dentro del sistema de distribución del gas en la isla.
El incidente, aunque aún bajo investigación, expone el descontrol y las redes de corrupción que operan en torno a un producto que ha estado en crisis de abastecimiento durante meses.
La escasez de gas licuado en Cuba ha sido un tema recurrente en los últimos meses. La alta demanda no ha sido satisfecha debido a retrasos en las importaciones y la falta de recursos para cubrir las necesidades del país.
En medio de esta crisis, la venta ilegal de cilindros de gas ha cobrado fuerza, y los precios en el mercado negro son exorbitantes. Según fuentes, una bala de gas puede llegar a costar entre 45,000 y 60,000 pesos, una suma que está fuera del alcance de la mayoría de los cubanos, quienes luchan con la escasez de recursos.
Las autoridades han intentado mitigar la crisis con la distribución limitada de GLP, priorizando a aquellos que no recibieron el servicio en los ciclos anteriores.
Sin embargo, la cobertura estimada de la actual entrega de gas es de solo 17 a 20 días, lo que deja a muchos cubanos sin acceso al producto en el corto plazo.
La situación se complica aún más con la falta de transparencia en el proceso de distribución, que permite que los recursos lleguen al mercado negro en lugar de a las familias necesitadas.
Este incidente, que ha generado gran revuelo en las redes sociales, ha puesto en el centro de la polémica a las autoridades responsables del manejo del gas en Cuba.
El hecho de que un camión estatal esté involucrado en el transporte ilegal de gas sugiere la existencia de redes corruptas que abusan del sistema para su propio beneficio.
El creador digital oficialista Alberto Roque Ramos, en su denuncia en Facebook, cuestionó fuertemente a los responsables del suceso: “¿Cuánto se ganaba este hombre a costilla del pueblo? Ahora a responder ante las autoridades”.
Más allá de los moralismos, el incidente con el camión estatal transportando gas de manera ilegal es solo un reflejo de una crisis mucho mayor en Cuba. La escasez de gas y la corrupción en su distribución siguen siendo temas cruciales que afectan a millones de cubanos.
Las autoridades deberán abordar no solo la escasez del producto, sino también las prácticas ilegales que permiten que este tipo de abusos persista, mientras los ciudadanos esperan una solución definitiva a sus problemas de abastecimiento.
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