Desde el inicio de su mandato el actual Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llevado una campaña sin tregua contra los migrantes irregulares que residen en el país.
Otras medidas extremas también ha adoptado para evitar la entrada de nuevos migrantes a la nación norteamericana, sobre todo eliminando programas y beneficios de la anterior administración de Joe Biden.
La nueva propuesta del mandatario estadounidense es multar con cifras de 998 dólares diarios a todos los que no tengan estatus legal en el país y se nieguen a regresar a su país de procedencia.
La idea de Trump es que todo el que reciba orden de deportación se retire inmediatamente de Estados Unidos, de lo contrario podría ser multado con un valor de casi mil dólares por cada día.
Algunos expertos señalan que esa medida puede ser aplicada con carácter retroactivo hasta cinco años atrás, lo que significa que el monto a pagar puede ser superior al millón de dólares.
De no abandonar el país o pagar la suma exigida, se confiscarían sus propiedades.
La medida que se propone tiene respaldo en una ley de 1996, que se aplicó por vez primera en el año 2018 bajo mandato presidencial de Donald Trump.
El republicano sigue apostando a la autodeportación de los migrantes irregulares que permanecen en el país, mediante la aplicación digital CBP Home, anteriormente denominada CBP One.
Actualmente hay más de 1.4 millones de ciudadanos en esta situación, luego de ser expulsados de Estados Unidos por orden de un juez de inmigración.
Se estima que más de 10 millones de personas inmigrantes irregulares viven con ciudadanos norteamericanos o residentes permanentes en el país. Esos hogares de “estatus mixto” también podrían verse afectados por las multas o confiscaciones de bienes.
Aun no está clara la fecha de inicio de estas multas para quienes deban abandonar el país y ofrezcan resistencia.
La Casa Blanca está ejerciendo presión sobre el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) para que se encargue de la imposición de las multas, la confiscación de bienes y otras sanciones necesarias.
Para ello necesitarían más de mil nuevos funcionarios en sus oficinas, pues el número de migrantes irregulares sobrepasa los siete millones actualmente.
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