Autoridades estadounidenses informó la sentencia de un individuo miembro de un grupo trasnacional que opera en acciones ilegales y violentas en Cuba, México, España y el Sur de la Florida desde el año 2009.
La noticia ha acaparado titulares, pues el grupo criminal es ampliamente conocido en México y Estados Unidos.
Según el Departamento de Justicia de EE.UU., se trata de la sentencia a un miembro de la Mafia Cubana en Quintana Roo, como se conoce en México a este grupo del crimen organizado transnacional.
Tras su reciente arresto, el jurado federal condenó en Miami Beach a Javier Hernández, nacional de Cuba, por varios cargos asociados al crimen organizado.
Los principales cargos imputados al cubano incluyen: contrabando de extranjeros, lavado de dinero, conspiración para transportar embarcaciones robadas y conspiración para traficar con ciertos vehículos de motor.
Hernández también recibió sanciones por otros delitos federales como el tráfico de bienes robados y el soborno a funcionarios públicos.
En el juicio que duró cerca de un mes las evidencias mostraron que Hernández y el coacusado Ramon Reyes Aranda habían robado barcos de la costa oeste de Florida.
Reyes, de 38 años, identificó los buques mientras Hernández los transportaba hacia México con el fin de utilizarlos para sobornar autoridades y luego hacer posibles las actividades ilegales del grupo.
La oficina también informó que ya antes del juicio Aranda se había declarado culpable de cargos similares a los imputados contra su cómplice.
Al menos 6 ciudadanos cubanos y 2 mexicanos fueron fichados como delincuentes de esta organización transnacional. Todos realizaban la extorsión de migrantes cubanos mantenidos como rehenes en México para el pago de tarifas de contrabando.
Los ciudadanos cubanos residentes en México en el momento de la imputación de los cargos son:
También fueron identificados junto a ellos dos ciudadanos mexicanos: Maikel Antonio Hechavarría Reyes y Mónica Susana Castillo.
Los delincuentes exigían a las víctimas brindar información sobre un contacto familiar al cual luego pedían rescate por valor de $10.000 dólares.
Si no aceptaban pagar la cifra, entonces amenazaban con torturar, matar de hambre o asesinar a los familiares secuestrados. Si pagaban, la víctima era liberada y enviada en un autobús a la frontera con las indicaciones para buscar asilo.
Los secuestrados cuyos familiares no pagaron la cifra fueron amenazados con cuchillos o pistolas y golpeados, torturas que cesaron al ser rescatados por las autoridades mexicanas.
Tras la acusación formal en territorio estadounidense los delincuentes imputados intentaron obstruir la justicia, violaron órdenes judiciales y distribuyeron contrabando en un centro de detención federal.
Los reportes indican que el grupo habría pagado sobornos a un empleado federal para que este introdujera contrabando y algunas sustancias controladas en el Centro Federal de Detención (FDC) de Miami para distribuirlas.
González Vidal, Crespo Márquez, Abreu García, Pérez González, Carbonel Lemus y Ramos Valdés se declararon culpables de conspiración de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO), así como por tráfico de migrantes.
El Departamento de Justicia indicó que sus audiencias ya están programadas para noviembre y diciembre.
En los casos de Reyes Aranda y Hernández sus vistas serán, según programación, el 15 de diciembre y el 10 de enero del próximo año, respectivamente.
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