El presidente de Rusia Vladimir Putin promulgó una nueva ley que, bajo la excusa de proteger al país de ataques extranjeros, pueden ser declaradas indeseables organizaciones gubernamentales extranjeras.
Desde el comienzo de la guerra con Ucrania, se ha desatado una gran persecución contra Organizaciones no Gubernamentales con sede en Rusia, por atentar contra la seguridad de este país.
El Parlamento ruso alega que organizaciones estatales y Estados Unidos, Reino Unido y otros países europeos operan en actividades contra la seguridad y protección ciudadana.
Esta nueva ley prevé castigos administrativos y penales por participar en actividades de organizaciones que hayan sido declaradas indeseables.
La ley no será aplicada a organizaciones internacionales de las cuales Rusia es miembro, ni a organizaciones que son parte de órganos gubernamentales de un Estado extranjero.
Las penas pueden ir desde 6 años de prisión, la prohibición de la entrada al país a personas que formen parte de estas organizaciones declaradas indeseables, y multas de hasta 500 mil rublos por participar en actividades convocadas por estas.
Según el Parlamento, hay muchas organizaciones financiadas por capital extranjero, que llevan a cabo nuevas sanciones, bloqueos a proyectos de inversión, contribuyen a la formación de nuevos agentes e incitan al odio en el país.
Entre las novedades de la ley se encuentra que los ciudadanos extranjeros están obligados a respetar los valores tradicionales, espirituales y morales rusos, así como el concepto de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.
No pueden los extranjeros interferir en la política exterior e interior de Rusia, se prohíbe la propaganda sobre relaciones sexuales no tradicionales y la tergiversación de la verdad histórica la lucha de la Unión Soviética contra el fascismo, y el financiamiento o apoyo actividades consideradas ilegales en Rusia.
La nueva medida se extenderá entonces a todos los extranjeros que residan en Rusia, y se tendrá un mayor control sobre estos, además de que se busca que legalicen su situación. Igualmente se llevarán a cabo nuevos mecanismos de deportación.
Quienes no residan de mido legal, porque haya concluido su plazo de estancia permitido o porque sus documentos legales hayan expirados o sido anulados, serán deportados. Estas nuevas medidas crean más estrategias de control sobre los extranjeros, para conocer su paradero.
Además, se incluyen otras normas como reducción de la movilidad, prohibición de cambio de lugar de residencia sin haber sido aprobado por los órganos de Interior, la prohibición de conducir vehículos y recibir licencias de conducción, y la de compra de inmuebles o vehículos, e incluso de inscribirlos.
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