La provincia de Sancti Spíritus, ubicada en la región central de Cuba, fue elegida por el Ministerio de Transporte para llevar a cabo en ella una prueba piloto que involucra a trabajadores privados de la transportación masiva de pasajeros.
La grave crisis de combustibles que se vive en Cuba ha debilitado aún más el sector de la transportación pública de pasajeros, que nunca ha funcionado de manera óptima en el país.
En muchas provincias el transporte público puede llegar a pasar días completamente detenido, y las instituciones pertinentes no tienen alternativas para sostenerlo, por ende, hay rutas que pueden llegar a dejar de trabajar por varias jornadas. Aunque en algunas ciudades se implementó la alternativa de los ómnibus arrendados, estos también sufren las consecuencias del déficit de combustible y priorizan las rutas principales.
Sancti Spíritus tiene una población total de unos 459 mil 173 habitantes. Solo en el municipio cabecera se concentran 100 mil de ellos. Aún siendo una de las provincias menos pobladas del país, el lacerado transporte público se vuelve casi inaccesible para la mayoría de las personas que tienen que acudir a privados cuyos precios exorbitantes muchas veces rozan con los salarios mínimos.
Recientemente, a inicios del presente mes de septiembre, el viceministro de Transporte, Marcos Antonio Bermúdez de la Torres visitó la central provincia para evaluar las condiciones objetivas para desarrollar una prueba piloto que tendrá como primer escenario a Sancti Spíritus.
Además de esta prueba, el funcionario también comprobó el estado de fabricación y ensamblaje de los 50 microbuses eléctricos que se espera estén listos antes de finalizar el año.
En cuanto a la prueba piloto, se trata de un experimento que se desarrollará con los operadores de flete y camioneros que sean titulares de Licencia Operativa de Transportación.
El experimento, según declara Lázaro Tejeda Silverio, Jefe del Departamento de Transporte de la Dirección pretenden territorial de la Administración Provincial del Poder Popular, que los precios de los pasajes se apeguen a los establecidos por el gobierno, y este último subsidiará la diferencia para el beneficio de los transportistas.
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