La implementación de la Ley HB4156 en un estado de USA ha generado un debate intenso sobre su impacto en los inmigrantes indocumentados y la constitucionalidad de tal medida.
Esta normativa, promovida por el gobernador Kevin Stitt, busca criminalizar la presencia de inmigrantes sin estatus legal en el estado, estableciendo penas severas para quienes incumplan la ley en Oklahoma.
La Ley HB4156, que entraría en vigor el 1 de julio, establece que los inmigrantes indocumentados cometen una “ocupación inadmisible” al estar en Oklahoma sin permiso legal.
La primera infracción se castigaría con hasta un año de cárcel y una multa de 500 dólares, mientras que las reincidencias podrían llevar a penas de hasta dos años de cárcel y multas de 1,000 dólares. Esta ley también otorga a la policía estatal la autoridad para arrestar a inmigrantes sin estatus legal.
El Departamento de Justicia de EE.UU. demandó a Oklahoma, argumentando que la ley HB4156 viola la Constitución, que otorga al gobierno federal la jurisdicción exclusiva sobre la inmigración.
En respuesta, un juez federal emitió un interdicto preliminar, impidiendo temporalmente la aplicación de la ley mientras se resuelve la demanda. El juez Bernard M. Jones destacó que, aunque el estado puede tener preocupaciones legítimas sobre la inmigración ilegal, no puede implementar políticas que socaven la ley federal.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) argumenta que esta medida podría llevar a la discriminación racial y a la ruptura de familias, afectando gravemente a las comunidades inmigrantes en Oklahoma. Noor Zafar, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, celebró la decisión del juez Jones como una victoria importante para proteger a estas comunidades.
Oklahoma no es el único estado que ha intentado tomar medidas drásticas contra la inmigración. Texas y Florida también han aprobado leyes similares, que han sido bloqueadas por tribunales federales. Estos esfuerzos reflejan una creciente tensión entre estados controlados por republicanos y la administración Biden sobre cómo manejar la crisis migratoria en la frontera sur.
El futuro de la Ley HB4156 en Oklahoma es incierto. Aunque la implementación de la ley está actualmente suspendida, el estado ha indicado su intención de apelar el fallo judicial. Mientras tanto, el debate sobre la inmigración ilegal y el papel de los estados en su regulación continuará siendo un tema candente en el panorama político de EE.UU.
La controversia alrededor de esta ley destaca la complejidad y sensibilidad del tema migratorio en Estados Unidos. Mientras algunos ven estas medidas como necesarias para la seguridad estatal, otros las perciben como ataques desproporcionados que violan los derechos fundamentales de los inmigrantes. La resolución de este conflicto tendrá implicaciones significativas para la política migratoria y la cohesión social en el país.
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