En Cuba dan a conocer nueva resolución relacionada con la extracción de un importante elemento natural.
Es noticia en la isla mayor de las Antillas la aprobación de una nueva Resolución (la número 28) publicada en la edición ordinaria número 18 de la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
Según anuncian fuentes oficiales la nueva legislación está relacionada con el pago por el servicio ambiental de extracción o sustracción del carbono forestal y entró en vigor desde la publicación de la Gaceta el 21 de febrero de 2024.
El objetivo de dicha Resolución es proporcionar un mejor uso de los bienes y servicios que ofrecen los medios naturales, así como reducir las fuentes contaminantes y atenuar las consecuencias negativas provocadas por el cambio climático.
La norma involucra a los propietarios de patrimonios forestales y a las administraciones correspondientes las que se encargarán de obtener los datos, así como comprobar y documentar el carbono removido.
De igual manera las entidades administrativas también serán quienes planifiquen la financiación y el pago del incentivo según corresponda.
En Cuba la entidad encargada de certificar lo establecido por la Resolución número 28 (sobre pago por el servicio ambiental de sustracción del carbono forestal) es el Instituto de Investigaciones Agroforestales.
De acuerdo con el Ministerio de la Agricultura (MINAG) de Cuba existen aspectos a tener en cuenta para emitir la certificación por parte del Instituto de Investigaciones Agroforestales, los cuales se recogen en el cuerpo de la norma jurídica.
Igualmente, en el sitio web del MINAG se explica la importancia de poner en vigor esta normativa (primera vez que se implementa en la isla), pues con ella se estimulará la protección del patrimonio forestal.
También describen los tres tipos de depósitos donde se puede encontrar el carbono forestal; ellos son la biomasa (comprende los arbórea, aérea y subterránea), la necromasa que son los (árboles muertos y la hojarasca), así como en el suelo (a una profundidad de 30 centímetros).
Por último se precisa que se aplicará la normativa en aquellas Empresas Agroforestales identificadas por la iniciativa Biofin e igualmente que en las áreas donde está presente el Proyecto de Colaboración Internacional “Ecovalor”.
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