Desde Estados Unidos llegan informaciones que afectan a empresarios de Cuba. Con el anuncio hace solo unas horas de la no aprobación de fondos para ayudar al empresariado dentro de la isla caribeña se da un espaldarazo al sector privado emergente en Cuba.
Según aseguran fuentes oficiales la Cámara de Representantes del país norteño realizó la distribución de fondos para asuntos puntuales tales como seguridad nacional, trabajo, salud, defensa, servicios humanos, educación entre otros.
Sin embargo declinó la posibilidad de destinar algún fondo del estado para apoyar a los emprendedores de la mayor isla de las Antillas estableciendo restricciones para ello.
La normativa que será llevada al senado norteamericano para su aprobación final tiene establecida una cantidad de fondos (alrededor de 25 millones de dólares) para favorecer la “democracia” dentro de la isla.
Eso se traduce en el apoyo a la Oficina de Transmisiones a Cuba (encargadas de la Radio y Televisión Martí), además de la promoción para la liberación de internet dentro de la isla.
La legislación es enfática hacia la promoción de las ayudas para reformas económicas, apoyo al sector empresarial o los denominados emprendedores que no lleven relación directa con el fomento de la democracia en la isla tal como lo estipulan la (Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana de 1996 (Ley Helms-Burton) y la Ley de Democracia Cubana de 1992 (Ley Torricelli).
Tales restricciones resultan un fuerte golpe contra el empresariado privado de la isla caribeña muchos de los cuales veían como posible o viable obtener impulso desde el país norteño.
El congresista republicano de origen cubano Mario Díaz-Balart es el principal impulsor de la normativa y según expresó en un comunicado con la ley se va a impedir que el gobierno de Joe Biden consigne fondos del estado para usos no aprobados.
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