En los últimos días, una nueva denuncia sobre presunto maltrato en el Hospital Psiquiátrico Provincial de Villa Clara se propagó en redes sociales, generando alarma entre familiares, activistas y emigrados cubanos.
La acusación, realizada por la madre de un paciente portador de VIH, planteaba la posibilidad de una agresión física dentro de la institución.
Ante la creciente presión pública, las autoridades sanitarias de la provincia respondieron con un comunicado oficial que busca desmontar lo que califican como “información distorsionada”.
Según sus declaraciones, no solo desmienten los hechos denunciados, sino que revelan el contexto real en el que se encuentra el paciente involucrado.
El paciente aludido es Yunior Rubio Pérez, de 41 años y seropositivo, quien permanece ingresado en el hospital pese a haber recibido el alta médica hace más de un año.
La decisión de mantenerlo internado, según las autoridades, responde a la negativa de su madre a recibirlo en casa, alegando que no puede encargarse de él.
La denuncia fue difundida por Norma Pérez Vázquez, madre del paciente, y amplificada por una hermana residente en España —identificada por el gobierno como de “postura contrarrevolucionaria”— quien aseguró que Yunior fue agredido por personal del hospital.
Según la Dirección Provincial de Salud, no se ha registrado ningún caso reciente de agresión. El único incidente relevante, afirman, ocurrió hace más de cinco meses durante una riña entre pacientes, no vinculada a personal médico.
En su momento, la familia fue informada y firmó documentos que acreditan conformidad con la atención recibida.
La nueva denuncia se produce días después de que circulara un video que mostraba a un trabajador del mismo hospital golpeando repetidamente a un paciente en aparente crisis. En este caso, las autoridades sí confirmaron los hechos y tomaron medidas.
Una investigación interna identificó al agresor como un trabajador contratado recientemente, quien reconoció su participación en la agresión. Fue separado del centro y se notificó a la fiscalía para posibles acciones penales. El gobierno también condenó que la persona que grabó el video no interviniera ni denunciara en el momento.
Este nuevo caso —aunque desmentido— ha reavivado el debate sobre la situación en los hospitales psiquiátricos en Cuba. Activistas y familiares denuncian condiciones de abandono, escasez de medicamentos, y una cultura institucional que en ocasiones favorece el ocultamiento de abusos.
Las autoridades, por su parte, han reafirmado su compromiso con la “dignidad de los pacientes” y han prometido reforzar los mecanismos de supervisión. No obstante, aún no se han anunciado cambios estructurales en el modelo de atención psiquiátrica estatal.
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