
La línea de discurso contra los migrantes del expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha alcanzado su clímax tras las declaraciones recientes donde asegura que, de ganar las elecciones presidenciales, eliminará el Parole Humanitario, el CBP One, y expulsará de Estados Unidos a todas las personas beneficiadas con estos programas.
Desde que las palabras del exmandatario corrieron entre los medios de comunicación y redes sociales, las comunidades de migrantes legales e ilegales de EEUU han entrado en estado de alarma. ¿Tendrá Trump la potestad para implementar todos estos cambios? ¿Hasta dónde podría hacer para afectar estos canales migratorios? ¿Qué medidas provisorias tomar por si se cumplen sus amenazas?
El Parole Humanitario, instaurado desde 2022 por la Administración Biden – Harris, ha beneficiado desde entonces a más de 1.3 millones de inmigrantes, provenientes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Hoy, el estatus legal de la permanencia de estas personas en EEUU se ve en entredicho por las prepotencias de Donald Trump.
De igual modo sucede con los más de 800 mil inmigrantes que entraron entre enero de 2023 y agosto de 2024 a la nación norteña mediante el uso de la aplicación CBP One, creada para programar citas de solicitud de asilo en los ocho puertos de entrada de la frontera entre EEUU y México.
Según declaraciones del candidato republicano, “los revocaría y los expulsaría. Además, la aplicación es mala, pero lo peor son los vuelos porque intentaron decir vamos a endurecer un poco la frontera’, y ahora tienen aviones cargados de inmigrantes ilegales, gente que no debería estar en nuestro país, yendo a todos lados, al Midwest, porque ahora todo es un Estado fronterizo”.
Su intervención para la cadena mediática FOX News no podía acabar sin una peyorativa directa hacia los inmigrantes que viven en EEUU: “Prepárense para irse, especialmente rápido si son criminales. Van a salir muy rápido”, sentenció el expresidente.
La posición radical del Partido Republicano respecto a los temas migratorios no se queda solo en las palabras de Trump. JD. Vance, candidato republicano a la vicepresidencia, acusa de ilegales a más de 20 mil haitianos asentados en Spingfield (Ohio) desde la Administración Obama, y con el resguardo jurídico de una ley de 1990.
Según explica el abogado especializado en temas migratorios Ezequiel Hernández, llevar a cabo sus promesas no será un camino fácil, pues enfrentará varios aspectos jurídicos irrevocables, incluso, hasta para el mismo presidente.
“Podría eliminar ambos programas al entrar a la Casa Blanca, pero la gente que llegó con el Parole tiene poder porque está legalmente aquí, aunque Trump diga lo contrario”, y prosigue, “estos inmigrantes podrían ir a los tribunales para protegerse, pero si han rebasado el tiempo estipulado por el programa (dos años) y no han pedido un asilo o alguna otra opción de alivio migratorio, sí están en riesgo de expulsión. Los que entraron con CBP One también estarían protegidos”.
Por tanto, la recomendación fundamental para los inmigrantes que residen legalmente en EEUU gracias a uno de estos dos programas, será la de buscar alternativas para su cambio de estatus.
Cerrar estas vías de regulación migratoria no acabará con el flujo humano hacia los Estados Unidos. Las medidas fueron tomadas para aliviar la situación de otras rutas, como la del Paso del Darién, la cual ponía en riesgo la vida y los derechos humanos de las personas.
Vetar a los migrantes de estos programas, significará un retorno a alternativas más peligrosas, no el fin de la crisis migratoria dentro de EEUU, donde aún residen más de 15 millones de inmigrantes ilegales sin perspectivas ni medios para cambiar su estatus.
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