El gobierno cubano sigue en la cacería de brujas por parte de instituciones de Inspección y Control Interno, en contra de ilegalidades e irregularidades en productos y servicios brindados a la población.
Recientemente salió a la luz una publicación sobre entidades inspectoras de la provincia de Villa Clara, en la cual se exponían graves violaciones a los derechos del consumidor en dos instituciones hoteleras de este territorio y las medidas que fueron tomadas en consecuencia.
El primer caso refiere al Motel Las Tecas, situado en el kilómetro 255 de la Autopista Nacional, en el cual se detectó que no estaban realizando pagos a través de las pasarelas electrónicas autorizadas en el país, Transfermóvil y Enzona, e igualmente, existían violaciones en los precios.
Además, existían alteraciones de productos como el vodka, comercializado a 525 pesos en lugar del precio aprobado, 425; la lata de cerveza importada se comercializaba a 210 pesos cuando su precio aprobado es de 208 y el refresco de lata 210 pesos, 20 pesos por encima del valor que debería tener, 190 pesos.
Asimismo, se detectó al trabajador de seguridad y protección ejerciendo como parqueador, de manera ilegal.
En el Hotel Riviera, más cercano al casco histórico del municipio de Santa Clara, se produjeron violaciones en los precios y el pesaje de los alimentos brindado a los consumidores.
Se trata en este caso, de la ración de croquetas cuyo precio estipulado es de 115 pesos, y cobraban por ellas 160.
Las albóndigas, cuyo pesaje debe ser de 160 gramos, pesaban solamente 150 g, y del encurtido de verduras servido como guarnición en los platos, servían 30 gramos menos de lo indicado.
Por otra parte, el pan con mortadela y queso se vendía a 250 pesos, siendo el precio real de este 150.
De igual manera, se realizó un breve inventario en el almacén, descubriendo los inspectores un faltante de 21 lbs de carne de res.
Los encargados responsables de estas ilegalidades, fueron multados según la ley vigente en los Decretos 30/21 y 67/22, y el monto de la multa impuesta, en dependencia del nivel de implicación de la persona, iba desde los 4 mil hasta los 15 mil pesos.
Igualmente fueron aplicadas medidas disciplinarias a estas personas.
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