La crisis económica en Cuba ha provocado también una crisis de valores, que ha desembocado en una oleada de violencia poco antes vista en la isla. Asaltos en plena luz del día, robos e incluso asesinatos, colman las noticias de los medios independientes cubanos.
En medio de este contexto, los esfuerzos de las autoridades por detener estos delitos parecen insuficientes, pero se realizan y son ampliamente divulgados en medios oficialistas.
Así ocurrió en Pinar del Río, donde se realizó un juicio público a personas involucradas en robos con fuerza, en especial de vehículos.
¿En qué municipios se desarrollaban estos delitos? ¿Qué condena les impusieron a los culpables? Continúa leyendo para conocer todo lo que concierne a esta noticia.
Los robos se han vuelto extremadamente comunes. Desde irrupciones en hogares a plena luz del día hasta estafas de saldo telefónico, los delincuentes cada vez encuentran más maneras para cometer sus infracciones y afectar a las víctimas.
Desgraciadamente, las autoridades no siempre le prestan especial atención a estos hechos y la mayoría de los robos se quedan irresueltos y, por supuesto, las víctimas pocas veces pueden recuperar sus bienes.
Uno de los elementos más codiciados por los ladrones son las motos eléctricas, conocidas como motorinas, y las motos de combustión.
En Pinar del Río se realizó un juicio público a ocho personas vinculadas a robos con fuerza y, en su mayoría, había motos tanto eléctricas como de combustión, entre las mercancías usurpadas.
Los juicios se realizaron de manera oral y pública, en la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Pinar del Río.
Las causas por las que fueron incriminados fueron robo con fuerza en las cosas, hurto y receptación, todos de carácter continuado.
Durante el juicio se demostró que los acusados estaban implicados en los delitos cometidos en los municipios de Consolación del Sur y Pinar del Río.
En Consolación del Sur irrumpían a las viviendas, sobre todos en los garajes, y se apropiaban de las motos y de otros objetos de valor.
En el municipio de Pinar del Río, los ladrones aprovechaban cuando los conductores parqueaban sus vehículos para tomarlos.
A pesar de que fueron capturados, no todas las víctimas han podido recuperar sus pertenencias.
Las penas impuestas a los culpables van desde los 3 hasta los 15 años de prisión, así como sanciones accesorias de la privación de derechos y prohibición de salida del país por igual término que la sanción principal, además, como responsabilidad civil los acusados debían reparar por el daño material causado a los perjudicados.
En medios oficiales se dejó claro que durante todo el proceso se respetaron los derechos constitucionales de los implicados y de sus abogados defensores, y también se practicaron las pruebas propuestas según lo establecido en la legislación vigente.
Los acusados y la Fiscalía tienen derecho a presentar recursos de casación ante la Sala Penal del Tribunal Supremo Popular contra la sentencia dictada por el órgano judicial, que conoció del asunto en primera instancia.
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