Reiterados hechos de violencia entre adolescentes encienden las alarmas en Cuba, de acuerdo con reportes por sucesos de ese tipo en diversas provincias en el país.
Una de las situaciones citadas es la ocurrida en Las Tunas, donde 13 adolescentes son investigados por presunta relación con el asesinato de un menor, el cual fue apuñalado a finales de septiembre de 2023.
En febrero pasado la provincia de Guantánamo también reportó hechos violentos cercanos a centros educacionales del sur de la ciudad, algo ante lo cual la prensa local manifestó preocupaciones e insistió en la prevención social para evitarlos.
Igualmente, en julio de 2023 en la provincia de Sancti Spíritus adolescentes y jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 25 años estuvieron involucrados en episodios de alteración del orden público y ocasionaron lesiones leves y graves a las personas, según información de la prensa oficial.
En el caso de las Tunas, las autoridades señalaron que se creó un sistema de vigilancia en instituciones educativas para prevenir más hechos violentos, y que detectó la entrada a la secundaria básica Wenceslao Rivero de un estudiante con un cuchillo.
Acciones de control en los exteriores de la escuela también son parte del trabajo, según afirman directivos de instituciones, quienes reconocen que esos escenarios son caldo de cultivo para conflictos.
El estadio Angel López y la sala polivalente, son sitios donde se reportan hechos de reyertas, ante las cuales han tenido que actuar los profesores, por la cercanía a centros educativos.
Sobre el tema además se expone que se aprecia que la disminución en el nivel de cuidados paternos en la etapa de la secundaria básica y se necesita mayor control y trabajo de la familia en materia preventiva.
El subdirector de la Dirección General de Educación en el municipio de Las Tunas, Eulícer Escalona Escalona, aclaró que los episodios de violencia no tienen lugar en los centros educativos, sino en la calle y en altas horas de la noche, momentos en que corresponde a las familias el cuidado de los menores.
Sobre el asunto Norge Nosley Sastre García, fiscal jefe del Departamento de Organización y Planificación, precisa que en el país se fijó la responsabilidad penal a los 16 años, debido a la prevalencia de delitos a esa edad.
Se registran en el territorio hechos que atentan contra la vida, la integridad corporal, los que van en contra de los derechos patrimoniales, además de los robos con fuerza o intimidación en las personas.
Respecto al tratamiento con menores de edad involucrados en tales delitos, se explica que estos se atienden en establecimientos o áreas específicas para ello, separados de otros casos de mayor edad.
A quienes cumplen 16 o 18 años en el momento de cometer las faltas, se les puede reducir los límites mínimos y máximos de las sanciones a la mitad. En tanto, la prisión provisional se aplica más a delitos que clasifican como grave.
Para ordenar prisión también se tiene en cuenta el impacto económico y social, la afectación al orden constitucional, o el empleo de medios y métodos que reflejan desprecio por la vida humana o la reincidencia.
Daisy Torres Álvarez, fiscal jefa de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales, aclara que, a menores de 16 año, se les aplican medidas conformes a las normas del Ministerio del Interior.
No obstante, ciertos hechos que en otras edades pudieran constituir delitos, en el caso de menores no siempre resultan imputados.
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