El sueño de muchos cubanos de obtener la ciudadanía española se ha convertido en un terreno fértil para el fraude. Mientras la Ley de Memoria Democrática abre una ventana legal hasta octubre de 2025 para que descendientes de españoles soliciten la nacionalidad, en Cuba se ha desarrollado un mercado clandestino de certificados falsificados que cobra hasta 3 000 euros por un simple papel.
La desesperación por salir del país y la lentitud del proceso han convertido a la esperanza en un negocio lucrativo para falsificadores e intermediarios.
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El Archivo Histórico Diocesano de Ourense, en Galicia, ha sido uno de los primeros en dar la voz de alarma. Su responsable, Pablo Cid, explicó que detectaron irregularidades tras una nueva exigencia del Consulado de España en La Habana: que los certificados vinieran firmados por el vicario. La razón: estaban circulando documentos falsificados.
Este archivo, que guarda más de 12 000 libros parroquiales de unas 700 parroquias, cobra oficialmente solo 10 euros por cada certificado. Sin embargo, en Cuba esos mismos documentos llegan a venderse por cifras desorbitadas. “Sabemos que los revenden por 200 o 300 euros, incluso hasta 3 000”, denunció Cid.
Desde que entró en vigor la Ley de Memoria Democrática, la demanda de nacionalidades ha aumentado en países con fuerte presencia de descendientes españoles como Argentina, México, Venezuela, Puerto Rico… y especialmente Cuba.
El problema es que el proceso, lejos de ser ágil, está saturado. Usuarios han denunciado en redes sociales demoras de más de diez meses para obtener una simple credencial del Consulado español en La Habana, indispensable para agendar una cita.
Aunque el sistema digital Bookitit muestra turnos disponibles, sin credencial es imposible avanzar.
El negocio del fraude va más allá de la falsificación de documentos. Bufetes de abogados e intermediarios han encontrado su nicho: gestionar solicitudes que deberían ser gratuitas, cobrando cifras considerables.
En 2023, se reportó que el acceso a una cita podía costar entre 15 000 CUP y 300 USD, dependiendo de la urgencia y el “contacto”.
Aunque las autoridades españolas han intentado flexibilizar el proceso —por ejemplo, permitiendo que una cita posterior a octubre de 2025 sea válida si se solicita a tiempo—, esto también ha sido aprovechado por quienes comercializan con la esperanza de otros.
Uno de los mayores desafíos en Cuba es la falta de digitalización de los registros públicos. Esto dificulta no solo la verificación de documentos, sino también el acceso legal a certificados de nacimiento o partidas de bautismo. Muchos archivos se han perdido con el tiempo o por accidentes como incendios.
Cuando los datos del antepasado no son precisos o los archivos están incompletos, los solicitantes quedan atrapados en un limbo burocrático que los empuja, cada vez más, a buscar “atajos”.
El Consulado General de España en La Habana ha advertido que las citas para trámites de nacionalidad son personales, intransferibles y gratuitas.
Además, ha reiterado que recurrir a vías ilegales puede poner en peligro todo el proceso y hasta acarrear consecuencias penales.
En este contexto, muchos cubanos enfrentan una doble amenaza: la desesperación que empuja al fraude, y el sistema burocrático que lo alimenta con su lentitud.
Es una ley española que permite a descendientes de españoles, hasta tercera generación, solicitar la ciudadanía. Estará vigente hasta octubre de 2025.
Principalmente la falsificación de certificados eclesiásticos y el cobro ilegal por gestionar citas o documentos necesarios para el trámite.
Aunque el precio oficial en España es de 10 euros, en Cuba se han reportado ventas ilegales de hasta 3 000 euros.
La solicitud puede ser rechazada y la persona podría enfrentar consecuencias legales en España o incluso en su país de origen.
Solicitar los documentos directamente a las instituciones oficiales, evitar intermediarios y no pagar por servicios que deben ser gratuitos.
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